El Consejo de la Judicatura tiene la obligación de investigar profundamente y dar una explicación, o sancionar, de existir justificaciones, al fiscal manabita que estuvo frente al caso de la adjudicación de los procesos de demolición y desalojo de escombros en las edificaciones afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. La Contraloría considera que hubo “actuación irregular” del funcionario del Ministerio Público.
El 2 de marzo de 2018, la Contraloría aprobó el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios de la Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por irregularidades detectadas en la selección del contratista y la adjudicación, por más de tres millones de dólares, en la demolición de edificios afectados por el terremoto de 2016, pero el fiscal se abstuvo de acusar a las personas señaladas en el documento.
Se debe aclarar con prontitud si el representante del Ministerio Público actuó correcta o incorrectamente. Y se lo debe hacer por la gravedad de la denuncia y del autor de la misma, por el prestigio del fiscal y, sobre todo, en honor al dolor que causaron la muerte y la destrucción originadas por el movimiento sísmico.
Es preciso que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido con la presunta corrupción en las demoliciones y también dentro del proceso de juzgamiento de este y otros presuntos casos de corrupción en la reconstrucción de Manabí.
- ¿Qué te pareció la noticia?
- Buena
- Regular
- Mala