En esencia, la referida ley fomenta la intervención estatal de manera directa en la campaña política, bajo la figura de un control que no debería existir.

Por ejemplo, si un candidato pretende publicar un mensaje pagado a través de los medios de comunicación, primero requiere la aprobación del Consejo Nacional Electoral. Si los funcionarios de ese organismo consideran que no debe publicárselo porque su contenido afecta a alguien más, niegan la autorización.

Esto es una forma de censura, pero también es una muestra de centralismo que no concuerda con el proceso del Gobierno de dejar en el pasado la injerencia estatal en determinados asuntos.

Por otro lado, los candidatos a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están impedidos de hacer campaña electoral y el CNE decidió que solamente contratará cuñas en determinados medios, lo cual es contraproducente. Si los miembros del CPCCS serán escogidos por los ciudadanos debería permitirse a los electores conocer las propuestas de los candidatos para decidir a quién votar y la forma más idónea es mediante la promoción.

Los legisladores deberían pensar con especial atención en la posibilidad de revisar el Código de la Democracia y los reglamentos que rigen la promoción electoral. Es cierto que de haber reformas tendrían vigencia para un próximo proceso, pero esta forma de censura a la promoción de las candidatura debe eliminarse.