La semana anterior, el país conoció de la cruel violación que sufrió una joven mujer en un bar de Quito por parte de tres personas con las que compartía.

Este fin de semana, el asesinato, en la provincia de Imbabura, de una mujer embarazada por parte de su pareja, un extranjero que tenía antecedentes criminales en otros países, agitó los reclamos de quienes exigen mayor rigidez en las leyes contra la violencia de género.

El último caso se volvió más polémico porque la mujer fue herida en frente de miembros de la Policía, mientras era retenida a la fuerza por el agresor. Los agentes solamente se acercaron cuando ya la víctima había recibido las cuchilladas que luego provocaron su muerte.

Ambos hechos, por la atrocidad con la que fueron cometidos, no tienen justificación y deben ser sancionados en forma ejemplar. Las autoridades deben aplicar la ley con dureza, pero también se debe atacar el mal.

En Ecuador no hay cultura de prevención frente a este tipo de ataques. La falta de una atención oportuna a los casos de agresión, sea por desconocimiento de la víctima o por el desinterés de las autoridades, conlleva a que en ocasiones se vuelva rutina.

Además, suele actuarse cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, tras conocerse del abuso sexual contra estudiantes de una escuela, se desarrolló una campaña de prevención dirigida a los niños pero tuvo corta duración.

Mientras no haya acciones decididas, el país seguirá conociendo casos lamentables como estos.