La denuncia, hecha en un medio de comunicación por Luis Verdesoto, uno de los vocales del organismo encargado del proceso eleccionario, también especifica que esta anomalía se ha detectado en algunas parroquias, aunque no puntualiza en qué parte del país.

Lo indicado por el consejero debe ser tomado con mucha seriedad, pues Verdesoto está involucrado directamente en la organización de las elecciones y, por tanto, tiene acceso a información de primera mano sobre los casos.

De ser verdad estos hechos, está en riesgo el ejercicio democrático, pero también la institucionalidad y hasta la seguridad pública del país.

Con tantos controles que realiza el CNE a la publicidad y el desarrollo de la campaña electoral, debería establecer cuáles son las candidaturas financiadas con fondos ilícitos y, de ser el caso, anularlas.

Si bien el uso de dinero que proviene de actividades ilegales no está tipificado como delito electoral, un caso de esta índole amerita una intervención inmediata del organismo.

Pero es la Fiscalía la que tiene la obligación de intervenir, también, de oficio, en base a la denuncia pública que hizo el funcionario. El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como lavado de activos,  el usar o beneficiarse, de cualquier manera, de activos de origen ilícito. En este caso, sí existiría un delito para el que la ley contempla sanciones severas.