Cualquiera que sea el motivo, con o sin intención, se ha dejado fuera de las reformas el muy discutido cambio de un artículo que despojó a la información de su condición de derecho y la transformó en un insumo susceptible de manipulación por el poder político.

La comunicación, vista desde la forma más simple, es un intercambio de mensajes. Las palabras, una mirada, un gesto, un color sirven para transmitir. Por tanto, la comunicación es un acto natural, una necesidad, un derecho, y no puede continuar encasillada legalmente en una categoría que la vuelve manipulable o regulable por parte del Estado.

Ya el año pasado la Corte Constitucional derogó un paquete de enmiendas a la Constitución planteadas por Rafael Correa, entre las que se consideraba a la comunicación como un servicio público. Pero el tema quedó pendiente tras la destitución de los jueces.

La Ley de Comunicación se convirtió en un instrumento para perseguir a medios y periodistas que no se alineaban al Gobierno anterior. En este marco, al incluir a la comunicación en la categoría de servicio público, se facilitaba el asedio a la prensa.

El presidente de la República, Lenín Moreno, debería vetar las reformas y pedir que la Asamblea Nacional incluya la modificación al artículo 5, que fue debatida y analizada en el pleno del Legislativo, pero por alguna razón se la omitió en el documento final.