Concebida inicialmente como un proyecto refinador a construirse en la zona de Jaramijó, esta obra recibió durante el gobierno de Lucio Gutiérrez el impulso de un comité provincial y, luego, del Congreso Nacional, que en el año 2007 la declaró de prioridad nacional.

En el mandato de Rafael Correa se negoció con la venezolana Pdvsa la conformación de una compañía con personería jurídica ecuatoriana, y se cambió la ubicación a El Aromo, entre los cantones Montecristi y Manta.

Pero la construcción de la refinería ha quedado en una prolongada espera. Hay una cuestionada inversión de 1.500 millones de dólares y, a pesar de que el Gobierno ha anunciado el interés de empresas de al menos cinco países en su ejecución, no existe un proceso en firme.

Hay un lío jurídico con Pdvsa, que reclama su parte del capital. El Estado de Ecuador debería finiquitar los negocios con empresas estatales venezolanas, pues han representado pérdidas y exigencias económicas de un mal socio.

Por otra parte, la Contraloría analiza los rubros de una inversión aparentemente exagerada.

Además, la ubicación del proyecto también está en revisión porque está lejos de las líneas para la entrada y salida del petróleo a refinar.

El país, y particularmente Manabí, necesita estar enterado de qué ocurre con un proyecto como este, que creó tanta expectativa, y en cuyo alrededor se forjaron las esperanzas de un desarrollo que, como ha pasado con otras propuestas, debe seguir en espera.