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‘Debe existir más autonomía’

Para Juan José Illingworth, la distribución del presupuesto del Estado debe ser proporcional a la población.

Lunes 19 Noviembre 2018 | 06:00

Repartir una parte de los recursos de manera proporcional a las necesidades básicas insatisfechas es otra de las cosas que considera. 

El matemático habló con El Diario sobre el tema del centralismo.
 
De acuerdo a la Senplades, en Pichincha es donde el Estado invierte más. ¿Por qué cree que se da más prioridad a esta provincia?
Porque la burocracia capitalina maneja los recursos de todos como si fueran propios. Cada dólar que se asigna a otra provincia les duele como si saliera de sus bolsillos, porque si la plata se queda allá pueden asignarle un contrato a un amigo, darle trabajo a un pariente, mejorar la infraestructura de su territorio o la de sus empresas.
 
¿La distribución no se debería hacer de acuerdo a las necesidades de cada provincia?
Si los servicios públicos que se financian son de uso directo de las personas, no tiene por qué tomarse en cuenta otro criterio que no sea el proporcional a la población. Educación y salud son dos ejemplos claros, la asignación para una persona no debe ser superior a la  de otra persona. 
Hay sectores como el vial, en donde sí hay que tener en cuenta otros factores, como la extensión geográfica; pero las carreteras en la Sierra son de seis y hasta ocho carriles, como la de Otavalo hasta Ambato, mientras tanto, la carretera Manta - Guayaquil es de dos carriles.
¿Qué están perdiendo las provincias que reciben menos recursos?
El centralismo provoca que el nivel de vida en las provincias sea menor que en la capital: las carreteras malas o inexistentes se convierten en más accidentes, la mala atención en salud pública se traduce en mayor impacto de las enfermedades y más muertes por servicios inexistentes o equipos humanos o médicos deficitarios. Resultado final: quienes viven en Manabí tienen una esperanza de vida de 75,6 años, frente a 77,6 en Pichincha. Por vivir en Manabí, todos, en promedio, vivirán dos años menos que quienes viven en Pichincha. ¿Cuántos años más debemos soportar esta injusticia?
 
¿En qué más afecta a Manabí?
Debe existir más autonomía. Actualmente las empresas que hacen obras públicas en Manabí son casi siempre de la Sierra, las consultorías, los diseños, muchas veces millonarios, son entregados a empresas de Quito. Con (Rafael) Correa se llegó al extremo de que cantones como Puerto López perdieron hasta la potestad de dar permisos de construcción y dictar ordenanzas de uso de suelo, porque crearon una entidad que les daba pensando lo que debían hacer. Es verdad que hicieron un nuevo malecón y otras obras, pero todo fue con ideas foráneas y ejecutores de otras partes de 
Ecuador. 
 
De las investigaciones que ha hecho, ¿que ha logrado detectar?
Llevo años analizando la distribución territorial de los recursos públicos, las cosas han ido de mal en peor, la inequidad ha aumentado. Un ejemplo es que en el reparto de asignaciones públicas para los GAD provinciales, en uno de los subcomponentes que estableció el COOTAD, le dieron a la Prefectura de Pichincha el doble de lo que les dieron a las 23 provincias restantes juntas, algo de no creer, pero que está en documentos oficiales de la Senplades, irónicamente bajo el título de MET, (Modelo de Equidad Territorial), es el cinismo de la burocracia capitalina.
 
¿Qué se debe hacer para dejar el centralismo?
Debemos abandonar el sistema por el cual la capital de todos los ecuatorianos maneja el capital de los ecuatorianos. En el año 2000, Manabí y 4 provincias más -que juntas representaban el 51 % de la población ecuatoriana-, fueron a consulta popular y decidieron que parte de los impuestos se queden en cada provincia, 18 años después se vuelve imprescindible concretar el cambio de estructura del Gobierno.
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