Hasta ahora, dos asambleístas han sido acusadas de actos que no tienen relación con sus funciones, una de ellas de cobrar valores a empleados para destinarlos a la organización política de la que forma parte, y la otra de visitar a una persona privada de la libertad para convencerla de cambiar su versión.

Se ha promovido en el Legislativo el cese de funciones de ambas, a manera de precedente, en el caso de que los indicios prueben que incurrieron en las faltas señaladas.

Es necesario que en este proceso, y en los futuros, de haberlos, se apliquen los mecanismos legales, no los intereses personales ni partidistas, ni que los asambleístas se dejen llevar por la efervescencia del momento para formular acusaciones que no pudieran tener sustento. 

Que el revanchismo no lleve a un inicuo ajusticiamiento de rivales políticos, pero tampoco que el espíritu de cuerpo proteja a quienes infringen las normas.

Es más, las investigaciones deben trascender el plano político y continuar en la justicia ordinaria para que, de haber culpables, se apliquen las sanciones que las leyes contemplan.

Hay que tomar en cuenta que se trata de personas electas por el pueblo para que ejerzan tales dignidades. Por lo tanto, los ciudadanos merecen que se retribuya la confianza que pusieron en ellos trabajando en favor de la colectividad, no de los grupos políticos o sociales a los que pertenezcan.