En su testimonio reconoció a los hombres, la moto en que viajaban y hasta el tipo de arma con la que mataron a su hijo. Aquello generó amenazas y fue ingresada en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, lo que significó más cambios en su vida. Debió dejar su casa, el barrio, y se mudó a un lugar más seguro. 

En la sala del pequeño departamento tiene los retratos de sus dos hijos, que son su única compañía. Y sobre el mueble, un par de gafas que nunca deja cuando tiene que salir de casa. 

Ahora, dice, está más tranquila porque el peligro ha pasado y sólo debe comunicar a su custodio los lugares a donde irá. Para ella los primeros meses del juicio fueron los más estresantes porque tenía un policía todo el tiempo en la puerta de su departamento por las amenazas de muerte que recibió. 

Recuerda que por esos días también le tocó usar pelucas, pero se cansó, las tiró a la basura y mejor se tiñó el pelo. María cuenta que todo ha valido la pena porque consiguió lo que se propuso: justicia.

Cómo funciona. En un comunicado de la Fiscalía se informó que el programa de Víctimas y Testigos cuenta con abogados, psicólogos, trabajadores sociales y agentes de la Policía Judicial para asistir a las 1.673 personas que están dentro en todo el país. Ángel Erazo, analista responsable del Sistema de Protección en Manabí, dijo que el primer paso, desde que se recibe la solicitud de ingreso, es activar un proceso de intervención donde actúan el psicólogo, la trabajadora social y los agentes de la Unidad de Protección. 

Además, se elabora una estrategia de protección, que va desde visitas frecuentes a la persona protegida hasta el cambio de residencia en la misma o en otra provincia. El equipo técnico del sistema hace seguimiento y acompañamiento a los protegidos durante todo el proceso penal, hasta que el riesgo se haya desvanecido, dijo.

Estadística. En Manabí, 271 personas están dentro del Sistema de Protección, el 60 por ciento de estas ingresaron entre enero y agosto de este año. Además se explicó que la identidad de los protegidos se mantiene en reserva, ya que el artículo 273 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones a quien revele la identidad de estas personas.