El caso se ventila en la Asamblea dentro de un proceso de fiscalización de la visita que la asambleísta Sofía Espín le hizo el pasado 24 de septiembre a la detenida, sin autorización previa y sin registrarse.

Falcón declaró por videoconferencia que la asambleísta, en proceso de sanción parlamentaria por esa visita, le ofreció dinero, asesoría legal y un posible asilo en Bélgica, donde reside Correa.

A cambio, debía alterar su testimonio sobre el caso de secuestro de Fernando Balda, en el que ella participó, con el fin de no implicar a Correa. Ahora colaboradora eficaz del caso, Falcón atribuye la orden de secuestro a instrucciones que llegaron directamente desde Carondelet.

Balda, que actúa en el expediente como acusador particular, pidió ayer que, si se confirma la acusación de la exagente, se lleve a juicio a la asambleísta.

Espín negó las acusaciones durante la presentación de sus pruebas de descargo.