Fredy fue contratado para construir la casa de máquinas, un edificio en cuyo interior posteriormente se instalarían las turbinas de generación eléctrica de la represa. 

Su hoja de vida fue tomada en cuenta tras un despido masivo. En Alluriquín se corrió la voz de que los chinos necesitaban personal y bastaron horas para que decenas de aspirantes se apostaran en la puerta del campamento central de la empresa, ubicado en el kilómetro 71 de la vía Alóag-Santo Domingo.

Los empleados despedidos habían reclamado sus derechos laborales y por eso los sacaron, dice Fredy. 

El hombre recuerda que “la gente estaba inconforme porque de utilidades les dieron ocho dólares”. Los que quedaron desempleados quemaban llantas a la entrada del campamento, mientras Fredy y un centenar de personas más buscaban un puesto en el mismo sitio.

Un año después, por esas cosas de la vida, el que quemaba las llantas era él. En abril del 2016 recibió 230 dólares de utilidades y los empleados protestaron.

Actualmente Fredy es la cara visible de una lucha de 1.700 extrabajadores de la empresa china que reclaman valores atrasados de utilidades y otros beneficios laborales.

Ahora, al menos una vez a la semana acude hasta las instalaciones del Ministerio de Trabajo en Santo Domingo para conocer los avances de la demanda que le plantearon a la empresa.

A sangre y fuego. Fredy laboró con los chinos desde mayo del 2015 hasta abril del 2016. 

Dice que durante este tiempo los trabajadores siempre exigieron sus derechos “A sangre y fuego, protesta tras protesta, todo se hizo a través de la presión. Hicimos marchas, nos tomamos de manera simultánea los campamentos del frente Alluriquín, frente 71 y frente Sarapullo”, recuerda. 

A unos sólo les pagaban por un hijo, pero tenían cuatro. Después de una paralización se hizo una revisión de las cargas”, añade.

Ese es el caso de Luis Eduardo Cabezas, de 52 años, quien trabajó 18 meses en el túnel de inyección del proyecto hidroeléctrico. Durante este tiempo el hombre sufrió una desviación de columna que hoy tiene secuelas. No puede levantar cargas, pero se mantiene en la lucha por que CWE le pague las utilidades del 2016 y las del 2017.

Fredy y Luis aseguran que durante su trabajo fueron maltratados y no contaban con las seguridades del caso. Esto había sido denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Anticorrupción y la Asamblea Nacional en Quito desde el 2013, sin resultados favorables.

Los malos tratos y el mínimo valor pagado por utilidades los motivaban a hacer huelgas en las que impedían la entrada y la salida de personas de los campamentos en los que laboraban los asiáticos. Las manifestaciones duraban hasta quince días. 

En una de ellas, en el 2016, cuando el entonces presidente Rafael Correa llegó a Santo Domingo fue interceptado por los empleados en la vía Alóag-Santo Domingo.

“Él nos dijo que no sabía de qué se trataba (la huelga), solo después de eso el Estado nos empezó a prestar oídos. Ahí se dispone que se investigue y que se nos entregue el dinero que se nos adeuda”, señala Fredy.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) intervino y sacó a la luz varias irregularidades. Por ejemplo, en el 2013 la empresa china declaró una utilidad de 756 mil dólares; sin embargo, el fisco determinó que en realidad ascendía a $ 3’211.000, dice Paladines. 

Julio César Calero, coordinador provincial del Ministerio de Trabajo, señala que el pago de las utilidades del 2013, 2014, 2015 y 2016 se hizo efectiva en agosto del 2017. 

El funcionario entrevistó a cerca de 1.300 empleados, de los 1.800 que se sentían perjudicados, “porque fueron los que vinieron a las audiencias”. A ellos, dice, los chinos les habían cancelado utilidades bajas. 

“Era de tres centavos, de a ocho centavos, con el alcance cada uno recibió más de mil dólares”, explica.  

De este número (1.300) se logró el pago a 400 trabajadores que recibieron un monto aproximado de 300 mil dólares por concepto de utilidades. Mientras que 180 aún están impagos porque no se los ha podido localizar. 

Calero señala que los obreros locales no son los únicos que han reclamado el pago a la empresa china. Otros 4 mil a nivel nacional, que laboran en otros proyectos como Yachay y Cañar Naranjal, han mostrado su descontento en el ministerio laboral.

Este medio buscó una entrevista con los representantes de la empresa Water Electric Corp (CWE). El 9 de octubre se entregó un oficio en el campamento central de CWE en Mejía. El documento fue sumillado, pero no se obtuvo una respuesta.

Casi ciego. Tomás Burgos también trabajó con CWE. Su labor era limpiar uno de los campamentos. Ingresó gracias a que tenía un carné de discapacidad y porque el Conadis le consiguió el empleo.

Contratado se operó los dos ojos porque tenía cataratas internas y además se puso un implante ocular.

Cuenta que en el IESS le dieron un mes de reposo, pero la empresa china puso reparos para que el hombre tomara el descanso. 

“Tuve el mes por exigencia del Seguro porque si hubiese sido por ellos no hubiese tenido descanso”, reseña. “Después, cuando regresé de operarme, me comenzaron a tratar mal, me comenzaron a discriminar y a surgir desacuerdos. Ellos (los chinos) no reconocen ninguna ley del Ecuador, ellos hacen lo que quieren”, denuncia.

En el 2013, durante una visita del entonces presidente Correa al proyecto logró comunicarse con él.

“El presidente nos dijo que ya iban a cambiar las cosas, que se iba a mejorar”. 

En ese entonces Burgos denunció que la mayoría de los trabajadores eran chinos.  

Sin embargo, el intendente de la Celec, la entidad que administra el proyecto, era ecuatoriano y lo desmintió. 

Tras ser cesado, Burgos emprendió solo un juicio laboral, del que cuatro años después obtuvo una liquidación de 1.500 dólares. Ahora sigue un proceso de discriminación laboral con un abogado en las cortes, dice. Él tiene desprendimiento de retina. Está desempleado.

Se molestaban. Fredy Paladines asegura que a todos quienes laboraron en la hidroeléctrica “nos incumplieron”. Incluso recuerda el caso de un chino que trabajaba en el sitio y al que también se le incumplió.  “Los chinos no tienen utilidades, los que vinieron firmaron un contrato plano que los excluía de estos beneficios. Solo venían por el sueldo. Pero este señor obtuvo la nacionalidad (ecuatoriana) porque se casó y tuvo hijos y fue cuando empezó a reclamar utilidades”, indica. Él también formó parte de la lista de 1.800 personas a las que la CWE les debía hasta 8.000 dólares.

A Fredy lo despidieron por la molestia de unos chinos. 

Un día “simplemente se molestaban y te mandaban a la casa. No necesitabas darles un motivo, te decían ‘casa, casa’ y te despedían, no les importaba el contrato”, manifiesta.

Actualmente más de mil exobreros de CWE exigen que se esclarezca la verdad. 

Ellos firmaron en mayo de este año el último acuerdo para que se verifique y esclarezcan los valores de utilidades del 2015 y 2016 respecto a las cargas familiares.   

Calero señala que pese a los llamados a comparecer a las audiencias “la empresa no nos ha contestado”, concluye.