Explicó que en el cabildo un equipo de la Contraloría realiza un análisis del proyecto, y que la veeduría ha solicitado a la Contraloría General del Estado que se incorporen las observaciones de la Procuraduría, “pedimos al contralor que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a todos los servidores involucrados en el proceso, puesto que la Procuraduría dice que se violentaron normas de carácter constitucional y de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

 

Las observaciones. La veeduría sostiene que el municipio ha incurrido en inhabilidades y prohibiciones que establece la ley.

Morán detalló que el documento de la Procuraduría cita la no publicación de  información relevante en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), por ejemplo estudios de la obra. El informe, según la ciudadana, señala: “el GAD entregó ilegalmente a un particular un anticipo con fondos públicos sin exigir previamente una garantía”. 

“La máxima autoridad del GAD La Concordia, al utilizar indebidamente el regimen especial del artículo 2 numeral 8 de la Ley e invitar y luego contratar directamente con un consorcio integrado por empresas privadas y una pública prescindió del procedimiento legal para esa clase de contrataciones”, detalla. 

Una de las conclusiones dice que “este incumplimiento de la norma dio lugar a que se incurra en una nulidad del contrato, la Procuraduría podría demandar la nulidad del citado contrato”, dio a conocer la representante del ente social.

David Bravo Yandún, subcoordinador, denuncia que el procurador común de la obra es gerente de una de las empresas parte del consorcio, “por tanto incurre en inhabilidades”, refirió.

 

Versión municipal. “No hay ningún inconveniente, se ha actuado de acuerdo con lo que dice la contratación pública”, asegura Juana María Loor, jefa de Compras Públicas del Municipio de La Concordia.

Sobre la denuncia del procurador común, aseguró que este puede ser independiente o de la empresa (contratista) “la ley no prohíbe eso”, acotó. Respecto a las garantías, menciona que a las empresas públicas no se les exigen garantías en los contratos. 

“Hace unas dos semanas la Contraloría entregó un informe borrador de la auditoría realizada al proyecto, en el cual manifiesta que está sujeto a cambios en base a los descargos que pueda poner la entidad, puede haber errores de fondo no de forma”, dijo la funcionaria.