La Ley de Acceso a la Información (Lotaip), publicada en el Registro Oficial el 18 de mayo del 2004, establece, entre otras cosas, que las instituciones públicas están obligadas a entregar información pública a los ciudadanos que lo requieran y a la publicación en sus web de datos como viáticos, remuneración de personal, contratistas que han incumplido con el Estado, entre otras. 

Katherine Viteri, coordinadora zonal de dicha entidad, ha dicho públicamente que existe 60 incumplidos. 

Vicuña, en su entrevista con Medios Ediasa en agosto, indicó que anunciarán “cuáles son esos contratistas, que no son solo incumplidos, sino indolentes con las familias damnificadas por el terremoto”. 

“Tenga la plena seguridad que si no está subido al portal vamos a disponer que de forma inmediata se lo haga”, citó hace 36 días.

En proceso judicial.  Viteri indicó que el nombre de los contratistas incumplidos no han sido subido a la web, para no entorpecer el proceso que lleva con ellos la Contraloría. 

“Dar nombres afecta el proceso que se encuentra en una situación legal”, dijo. También comentó que varios técnicos del Miduvi se encuentran colaborando para ver el estado actual de varios proyectos de vivienda. 

Jonás Obregón, coordinador general Defensorial de la Zona 4, manifestó que a pesar de que la Lotaip exige que debe subirse la información de manera clara, fluida y permanente, hay casos que entrarían en una situación irregular. 

“De ser así, deben ser judicializados. Pero la Constitución indica que nadie es culpable hasta que sea demostrado por la justicia. La presunción de inocencia los protege de manera temporal. Una vez que los organismos de control los declarasen culpables, ahí sí la entidad debe subirla a la web”, citó. 

Aclaró que sí es necesario que en la matriz “J”, en donde se coloca el listado de contratistas incumplidos con el Estado, se especifique una nota aclaratoria. Esta debe indicar: ‘Información no disponible porque la institución está en proceso de levantamiento de datos’; sin que consten los nombres. 

Exigencia. Tanyi Vera, asambleísta manabita, se comprometió a solicitar la información de los contratistas incumplidos del Miduvi. “Contraloría también juega un papel trascendental. Se debe, sin cubrir las espaldas de nadie, empezar exámenes especiales”, dijo. Además, invitó a los ocho asambleístas manabitas de oficialismo, a olvidarse de ideología y fiscalizar este tipo de temas. 

“La Ley de Transparencia exige de manera total y rotunda se transparente la información y que esta sea de fácil acceso y lo están incumpliendo”, mencionó Vera.

Recordó que ha estado trabajando en la fiscalización de temas de la reconstrucción, e incluso llamó a comparecer al exsecretario Carlos Bernal. 

Además, pidió juicio político al exministro de Finanzas Carlos de la Torre, por tomar $ 300 millones de la Ley de Solidaridad y pasarlos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

Julio Villacreses, vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí, aseguró al respecto que se está violando la Ley de Transparencia. 

“En eso hay continuidad del correísmo, porque los mandos medios son gente que está con los mismos métodos de negar información”, dijo. 

Además del listado de contratistas incumplidos, Guillermo Celi, asambleísta nacional indicó anteriormente que es necesario que el Miduvi publique la base de datos de los beneficiarios de casas, para que, quienes vean que su vivienda no ha sido entregada y aparece como que sí, pongan inmediatamente la denuncia.