Los anuncios de culmina­ción fueron muchos. 

Finalmente se anunció que el hospital sería entregado el primer trimestre del 2018, fecha que tampoco se cumplió, pues se inauguró, solo una fase, en el segundo trimestre de este año. 

Esta obra debía culminar en 540 días, pero terminó sin su funcionamiento total en 1.915 días, es decir 1.375 días después, teniendo un 354% de atraso. 

La inauguración completa con todas las fases, se dice, será el 31 de diciembre de este año. 

Pero el problema no sólo es la espera, también es la parte económica. 

Lo que inicialmente costaría 89,1 millones de dólares, costó 151 millones de dólares, 62 millones más, que equivale al 170% más del monto inicial.

En su momento la Contraloría denunció la ineficiente supervisión sobre el uso de los recursos en los últimos años, entre ellos, la priorización de este hospital, que tuvo como contratista a la empresa China CAMCZ y como entidad contratante al Servicio de Contratación de Obras (SECOB). En la web de la Contraloría no aparece ningún informe.

Una obra más reciente y en ejecución también genera novedades. El Plan Priza de Portoviejo, a cargo del Consorcio Zona Cero, está causando “dolores de cabeza” a más de uno. Se anunció que tiene el 18% de avance, cuando debería llevar el 33% (ver cuadro).

Por este motivo, Vicente Calderón, exgerente del proyecto PRIZA-Cnel, lo sancionó con una multa de 200.000 dólares por incumplimiento.

El mercado de Calderón, recientemente inaugurado, debía estar listo en octubre del 2017, pues inició su construcción en febrero y tenía de plazo 240 días. Sin embargo, tuvo 9 meses de atrasos, es decir 270 días de tardanza.

Esta obra estaba a cargo de Ecuador Estratégico.

Seguimiento. La Secretaría Técnica de la Reconstrucción tiene entre sus atribuciones “realizar el seguimiento del avance de los trabajos en cada eje de acción del Comité”. 

José Herrera, secretario de la entidad, indicó que todos los proyectos generalmente tienen un cronograma de ejecución, que parte desde que se entrega el anticipo, pero, dijo, en algunos casos no se da en fecha señalada. 

Además comentó que las planillas suelen ser presentadas incompletas, o pasan por muchos entes, y lo que debería darse en 30 días a veces sale en 45 y 60 días. 

“Es una práctica que suele presentarse con frecuencia en las obras en el país. Los pasos administrativos de la cosa pública son complicadas porque en cada instancia hay una revisión”, citó.

En cuanto a las sanciones, las deben dar los mismos administradores del contrato. “En caso Priza hemos pedido en diferentes ocasiones que se sancione a los contratistas”, dijo.

Inconvenientes. El problema de los atrasos de las obras afecta a comerciantes y ciudadanos en general. 

En la calle Córdova y Olmedo, de Portoviejo, varios son los dueños de restaurantes y de otros locales comerciales que demuestran su malestar por las bajas ventas. 

Francisco Pérez, habitante de la calle Córdova, mencionó que salir de su casa es un caos, ya que las vías están cerradas y no tiene por dónde caminar.

Vialidad. En el caso del Gobierno Provincial de Manabí, dos ejemplos de obras pendientes son la vía Lodana-Sucre y Chone-Boyacá. (Ver cuadro)

La primera está a cargo de la empresa Rocasólida, mientras que la segunda de Ciudad Rodrigo.

La vía Lodana-Sucre debía estar lista en mayo de este año, mientras que la Chone-Boyacá debía terminarse en este mes. Sin embargo, según boletines de prensa, esta última carretera tiene el 55% de avance. 

Estudios. Para Wigberto Mieles, ingeniero civil, la clave para evitar inconvenientes que tengan como consecuencia una ampliación de plazo de ejecución, es la ejecución de estudios confiables. 

Él indicó que obras como hospital de Especialidades, regeneración del centro de la ciudad y el proyecto Priza que presenta retraso, no contaron con estudios debidamente factibles de ejecución, pues algunos fallos no fueron detectados. 

Consideró que si hay estudios mal hechos, se produce el retraso que perjudica también a los ciudadanos por los tiempos desmedidos.

Manifestó Mieles que además es tarea del fiscalizador ver que se respeten los parámetros técnicos de construcción, plazos y también rubros que deben contemplarse. 

“También debe revisar si los estudios son confiables. Pero hay fiscalizadores que por no tener o causar perjuicio a la empresa que lo contrató evitan este tipo de inconvenientes”, citó. 

Explicó que la Contraloría General del Estado también debe dar seguimiento a estas obras. 

“Pero los organismos de control hacen la autopsia luego de que esté terminada la obra. Lo ideal sería que participen del proceso precontractual y avizore estos problemas”, dijo.

Sanciones. Según el artículo 116 del reglamento de la Ley de Contratación Pública, los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en los pliegos, en el Reglamento General o en el propio contrato. Para la determinación de multas se considerará el valor total del contrato, incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos.

Según la ley, la sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez por ciento de la remuneración y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas.