Aquello tiene como motivador al mismo superintendente encargado, Edison Toro, quien no solamente aboga por la desaparición de la institución que dirige, sino que está solicitando, a los asambleístas que conocen sobre la reforma a la Ley de Comunicación, que se agregue una transitoria que permita revisar las sanciones impuestas.

Esta posición señala una esperanza para quienes fueran castigados económicamente por irregularidades supuestas y con alguna dedicación, presuntamente con decisiones alejadas de una correcta aplicación de la justicia, la misma que habría sido desviada para incursionar en arbitrariedades.

Por eso la petición de Toro va encaminada a encontrar emisión de sanciones alejadas a derecho y con síntomas de abusos, según las denunciadas realizadas, a su tiempo, por quienes se han sentido perjudicados durante el transcurso de la administración del anterior y primer superintendente, Carlos Ochoa.

Se espera que la Asamblea conozca de manera ágil las reformas para enderezar los entuertos constantes en la llamada “ley mordaza”.