El exfuncionario fue sentenciado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.

La sentencia la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, que ordenó su detención inmediata y estableció una multa de 3.200 dólares y la “inhabilitación especial perpetua” para cargos públicos.

Durante sus alegatos finales, Boudou aseguró no haber cometido los delitos y denunció ser víctima de una persecución por haber querido “transformar la realidad” del país.

“Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas, los que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes”, alegó el excompañero de fórmula de Fernández (2007-2015).

Horas después de la lectura del veredicto, se dispuso el traslado del exvicepresidente al Complejo Penitenciario de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

 

>Investigación. La investigación judicial apunta a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro, con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial.

A mediados del 2010 un juzgado declaró la quiebra de Ciccone por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.

Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de los actos necesarios para que esta pudiera volver a firmar contratos con el Estado.