Sepa usted, caro lector, que mientras la mayoría de los ecuatorianos estábamos distraídos viendo el Mundial de fútbol, la Fiscalía investigaba al Gobierno anterior y las travesuras del señor Guacho. 

El Gobierno actual les ha perdonado alegremente a catorce grandes grupos económicos dos mil doscientos sesenta millones de dolares de deuda al Estado, remisión a la que han llamado Ley Urgente de Recuperación Económica, que es únicamente para ese privilegiado grupo de ecuatorianos. A los demás, que somos la mayoría, que nos persiga el SRI hasta por centavos.

Otra gran desigualdad que deben saber los ecuatorianos es que, entre octubre y noviembre del 2009, en plena revolución ciudadana, una funcionaria del tristemente recordado Banco Nacional de Fomento, que hoy son trujillistas, visitó en compañía de un abogado la parroquia Membrillo del cantón Bolivar; y convencieron a 73 jefes de familia de que sus escrituras, por tener más de 25 años, no tenían valor legal, pero que el BNF se las iba a legalizar firmando unos papeles en blanco.

En esta historia, que se reveló cuando uno de esos pobres agricultores pretendió comprar a crédito una cocineta, supieron que todos eran deudores en mora de créditos de entre 500 a 1.500 dólares cada uno.

Igual que a los agricultores de La Majadita del cantón Pedro Carbo en el Guayas, en sus cuentas de ahorro constaban como créditos, pero el dinero había sido transferido a la cuenta de un amigo de estos revolucionarios hoy renegados. 

Por eso, desde hace 5 años las víctimas siguen el juicio No 13801-2013-0293 todavía sin sentencia.

Lo increíble, por desigual y grotesco, es que, luego de un sumario administrativo, el directorio del Banco Nacional de Fomento destituyó una gerente.

Y con los mismos abogados que primero la defendían, propuso una denuncia contra ella en la Fiscalía por varios delitos, entre ellos peculado y concusión, expediente al que todavía, después de más de 4 años, no comparece como acusador de esa investigación fiscal No 130201814050016 ni el heredero BanEcuador, ni la eficiente Contraloría de don Cely, ni la Procuraduría del Estado. 

Mientras tanto, siguen 73 familias de honestos agricultores en la lista de deudores del sistema financiero, sin haber recibido el dinero del supuesto crédito, generando intereses, sin acceso a crédito ni público ni privado.

¿Por qué no se legisla también para los pobres creando una Ley de Remisión o perdón de esas pequeñas deudas para reactivarlos y que sean sujeto de créditos? 

Es un Estado de desigualdad, el ecuatoriano.