Los daños de esta actividad, que afecta a distintas provincias, no han sido calculados en su conjunto, pero el viceministro de Minería, Henry Troya, aseguró que son “abismales”. “Entre el daño ambiental y el material extraído sobrepasa los 200 millones de dólares cada tres-seis meses”, señaló el viceministro al mencionar uno de los casos de esta actividad ilícita, el de “Buenos Aires”.

A finales del 2017 se difundió la existencia de un yacimiento aurífero en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, y mineros de todos el país acudieron en masa, duplicando y hasta triplicando a una población local dedicada al sector agrícola y ganadero. 

El caso de Imbabura es uno de los más elocuentes del último año, pero abundan otros por todo el país.

“Son mafias articuladas, (relacionadas al) narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, armas ilegales, evasión fiscal por frontera”, dijo Troya sobre las personas que se dedican, o alientan, la extracción ilegal y descontrolada. Y es que la minería ilegal, muy distinta a la conocida como “artesanal”, que realizan los mineros tradicionales, ha ido en aumento.

Ecuador trata de fomentar la minería como motor de desarrollo nacional y espera que su contribución al Producto Interno Bruto salte de apenas el 1,3% en 2017 a más del 4 por ciento en el 2021. 

La “minería ilegal” se disparó a partir del 2008 por una subida del precio del oro y la dificultad de obtener permisos para realizar la actividad.

Rodrigo Izurieta, presidente de la empresa Ecometals, explicó que ocurre sobre todo alrededor de los yacimientos de oro, y atrae la actividad de bandas organizadas.