Esto es fácil evidenciarlo, cuando una que otra autoridad, ya sea en la Asamblea Nacional, en algún ministerio y en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dedican gran parte de su tiempo y de los recursos fiscales a la promoción, en la mayoría de los casos,  no de las obras e instituciones, sino en su imagen personal y política, a pesar de que la Constitución, en su artículo 115, “prohíbe el uso de los recursos y las infraestructuras estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral”. 

Quizás por esto es que los “revolucionarios” y “genios de la política”, al igual que lo hicieron con la educación superior y con tantos cuantos organismos del Estado, se tomaron por asalto, en este caso la Función Electoral, inventaron un marco jurídico para regular y controlar que los opositores no tengan ventajas en la promoción de sus candidaturas  y evitar se perpetúen en las instituciones públicas de por vida.

Sin embargo, este sistema, cuya intención fue saludable para el  mejoramiento  de la democracia, no les ha funcionado; es evidente cómo muchos candidatos de la partidocracia y ahora de los movimientos, que es lo mismo con otro membrete,  no han dejado de hacer campaña y promocionar sus nombres e imagen, desde que fueron electos y se posesionaron hace cinco años,  para una de las dignidades que se van a elegir el 24 de marzo del 2019.

Solo los interesados por conveniencias políticas, que forman parte de esa reprochable sociedad de hipocresía, serían los que no quieren darse cuenta que la campaña para las elecciones seccionales de Ecuador empezó hace rato, ya sea con reuniones, con mítines, con inauguración de obras, las mayorías en redes sociales, especialmente empapelando con stickers los vehículos que, parece ser, es la moda del momento y la estrategia para evadir la ley.

En Manabí ya se saben en la práctica, al menos quienes van a ser los candidatos a prefecto, alcaldes y concejales, a pesar de que en teoría el Art. 13 del reglamento del Código de la Democracia señala que “el inicio del período de la campaña  no podrá excederse de 45 días”, cuando recién la convocatoria se hará el 21 de noviembre del 2018 y la campaña se realizará desde el 5 de febrero hasta el 21 de marzo de 2019, por lo tanto se trata no de poder, sino de querer mejorar la democracia.