Sin embargo no concretaron el principal objetivo de esta fase: una segunda tregua tras la alcanzada entre octubre y enero pasados.

Santos, cuyo Gobierno logró en el 2016 firmar la paz con las FARC y la conversión de esa guerrilla en formación política, había confiado en los últimos días en sellar una tregua con el ELN antes de dejar el poder para así allanar el camino a la continuidad del proceso con la nueva cúpula colombiana.

La semana pasada la canciller saliente, María Ángela Holguín, estuvo en La Habana y se reunió con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, para abordar los avances del proceso de paz, lo que hizo pensar que el anuncio de cese al fuego podría producirse en los días siguientes.

Pero los jefes del Gobierno y la guerrilla en las conversaciones anunciaron ayer que pese a que dejan las negociaciones muy avanzadas, el alto el fuego no se concretó, por lo que la pelota queda en el tejado del nuevo Gobierno.

Lo pendiente. Tampoco se concluyó la segunda de las metas del ciclo, el diseño de la participación social en el proceso de construcción de la paz, aunque sus fundamentos quedaron “definidos”, según la declaración difundida ayer por las dos partes negociadoras.

Entre esos fundamentos se concertó que la participación será transversal, que se desarrollará a través de un carril territorial y uno temático-sectorial-poblacional y que “contará con plenas garantías de seguridad y protección a las comunidades, a sus organizaciones y representantes”, indica el documento.

“No se ha logrado el objetivo de alcanzar un cese el fuego, pero se ha avanzado bastante”, dijo el jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell, quien subrayó que la tregua “es necesaria para dar garantías a la sociedad para participar directamente en la construcción de la paz”.

Bell precisó que será Iván Duque quien tome una decisión respecto al proceso, aunque recordó que la Constitución colombiana establece la paz como “un derecho y un deber constitucional” que debe ser perseguido.