Esa fue la conclusión de una batalla legal de cinco años en la que el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) argumentó que esos manuales violaban las leyes de exportación de armas de fuego ante dos jueces federales y de que el Tribunal Supremo se negase a oír el caso.

Sin embargo, en una decisión abrupta, el Gobierno de Donald Trump llegó a un pacto en junio con Defense Distributed para permitir a ese grupo texano volver a distribuir las instrucciones de impresión a través de internet, tal y como hizo en el 2013 antes de que su actividad fuera bloqueada.

>Criterios. Para la organización Propietarios de Armas en EE.UU. (GOA, por sus siglas en inglés), este pacto significa “libertad y está acorde con la Segunda Enmienda” de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas, explicó Jordan Stein, director de comunicaciones de este grupo.

“Las armas de fuego se usan de 16 a 100 veces más a menudo para salvar vidas que para quitarlas”, argumentó Stein.

Uno de los grupos que ha presionado para que imprimir armas 3D en casa no sea legal ha sido el Centro Brady para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego. Su director legal, Jonathan Lowy, señaló que los principales problemas de estas armas son que no tienen número de serie, por lo que son “imposibles de rastrear” y que son de plástico, es decir, “indetectables” para los localizadores de metales de aeropuertos y edificios.

>Medidas. El senador de EE.UU. Bill Nelson, demócrata por Florida, presentó ayer un proyecto de ley para impedir la publicación electrónica de los planos. Entre tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció  una serie de acciones para evitar que en el estado se puedan distribuir los manuales.