Los funcionarios involucrados tienen 30 días para apelar y luego la Contraloría se pronunciará ratificando su posición o desvaneciendo lo actuado.

El examen especial corresponde al período comprendido entre el 1 de agosto del 2014 y el 30 de noviembre del 2017.

De acuerdo al documento de la Contraloría General del Estado, se han emitido glosas por $ 2’203.507,84 en contra del prefecto Mariano Zambrano y otros funcionarios.

Además hay sanciones administrativas por 180 mil dólares, según indicó Pablo Celi, contralor general.

El funcionario señaló que entre los hallazgos está que la prefectura contrató trabajos que ya habían sido ejecutados y cancelados por $463.123 sin IVA, para la rehabilitación y señalización de la vía El Paraíso, La 14, El Pintado, en El Carmen. 

Esta obra fue contratada con la Empresa Pública Manabí Construye en enero del 2017. 

A esto se suman falencias en estudios, actas de entrega recepción con información incompleta; no se publicó información relevante sobre las contrataciones en el portal de Compras Públicas; se identificaron presupuestos referenciales con inconsistencias, entre otros hallazgos, se indicó.

Comunicado. La prefecta encargada, Clara Zambrano, indicó que este tema hace referencia a predeterminaciones de responsabilidad sobre las cuales las personas notificadas tienen cierto tiempo conforme a la ley para contestarlas ante el organismo de control y órgano de administración de justicia. 

El contralor mencionó que este es el primer informe de 15 que están en proceso de elaboración en temas relacionados a la gestión del prefecto de Manabí.

Para Edison Cevallos, exdirector de Contraloría en Manabí, esa institución no puede destituir a un funcionario sino recomendar la destitución. También dijo que las predeterminaciones son asuntos personalísimos y antes no se hacían públicos. “Me llama la atención que el mismo Contralor General del Estado lo haya dado a conocer”, señaló.

Roosevelt Cedeño, abogado del prefecto, dijo vía telefónica que la predeterminación es una fase previa que tiene que ser notificada y luego se harán los descargos sobre las responsabilidades en lo administrativo y civil culposo que se señalen.

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, enfrenta actualmente  procesos legales por delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, perjurio, testaferrismo y lavado de activos.