Tal y como lo advertimos desde hace 3 años, la Corte Constitucional concluye que la adscripción bomberil a los GAD municipales responde a la articulación que debe existir entre ambas instituciones en la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, sin que esto permita al GAD municipal interferir en la gestión administrativa, como ha venido sucediendo en Portoviejo; por ello sorprende la irresponsabilidad con la que en una suerte de “todo o nada”, el alcalde Casanova menciona que dejará la competencia de esa entidad nuevamente al gobierno central, esto en referencia a una nota periodística publicada el pasado 28 de julio del 2018 en El Diario.

Es que la municipalización del servicio no ha sido lo que se esperaba en Portoviejo, pese a tener un alcalde que alardea de su “capacidad gerencial” (inexistente). Es lamentable observar cómo, en tan solo 19 meses de su dirección, la ha convertido en un botín político y la ha burocratizado, al punto de incrementar en un 300% el gasto en personal administrativo que existía en diciembre del 2016 al puro estilo de las “Portoempresas”, olvidándose de incrementar la cobertura del servicio y la adquisición de parque automotor para extinción de incendios y salvamentos.

A esto debemos sumarle la inactivación de la única Escuela de Formación Bomberil de Manabí, creada bajo acuerdo ministerial y que estaba en funcionamiento; así como también la oportunidad que están desperdiciando al aprobar los diseños definitivos del nuevo cuartel bomberil en la calle Córdova y Ricaurte, sin aprovechar su privilegiada ubicación para incorporar locales comerciales o de oficina, que mediante los arriendos correspondientes pueden convertirse en una nueva forma de financiamiento institucional.

La época en la que Casanova y ciertos concejales andaban tomándose fotos con los Bomberos, para “enamorarlos” y convencerlos de que iban a estar mejor, ya pasó; ahora es común verlos intimidados por los nuevos burócratas, quienes no se preocupan ni siquiera por los bajos sueldos que recibe la tropa, al punto de llegar a hacerles firmar documentos para renunciar ilegalmente a sus beneficios laborales.

Todo esto es consecuencia de “comandantes” improvisados, impuestos por alcaldes arbitrarios que desconocen la mística del servicio bomberil y los riesgos del trabajo; y que pretenden utilizar esta institución como guarida para cumplir compromisos políticos laborales.