Esta demanda pretende “bloquear la acción de la Administración Trump que da acceso a delincuentes y terroristas a armas impresas en 3D, imposibles de rastrear e indetectables”, según un comunicado del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, que lidera la querella.

“Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales”, criticó Ferguson.

Además de los fiscales del estado de Washington y del Distrito de Columbia, los de los estados de Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregón, Maryland y Nueva York también firmaron la demanda en contra de la medida.