La semana anterior escribí sobre el beneficio a la comunidad cuando la obra pública se adjudica al mayor número de contratistas.
Y para aclarar comentarios que me han hecho llegar, debo señalar que después de una tragedia, como la que dejó el terremoto del 2016, es aún más importante. Es que si normalmente la política de las instituciones públicas debiera ser generar empleo y trabajo en la comunidad con los recursos que administran, y la obra pública es una de las mejores vías, con muchísima más razón luego de un terremoto. La contratación pública entonces de parte de los gobiernos de todos los niveles, local y regional, debería tener siempre presente este concepto y no olvidarlo jamás. Claro que si queremos fabricar “cohetes que lleven nuestros satélites para desplegarlos en el espacio”, es decir cosas que nadie sabe hacerlas aquí, obras específicas de elevada ingeniería que requieren tecnología, conocimientos especiales y experiencia, por supuesto, como me lo comentó un lector, se necesitaría de un contratista ajeno al medio y su llegada estaría más que justificada. Y no solo eso, también sería muy comprensible.
En otros casos, sin embargo, sería altamente discutible que una o dos o tres obras, comunes por cierto, de esas que se hacen todos los días en cualquier ciudad o provincia del Ecuador, aún en las pequeñas, se las contrate no solo con uno o dos contratistas sino que además con domicilio en otro lado. Y el tema no adquiriría importancia ni relevante si no fuese por la crisis que agobia a la ciudad y a la provincia. Como se ha dicho hasta la saciedad, la reactivación económica se logra con recursos, levantando el aparato productivo local, invirtiendo en la comunidad, empleando a la gente, a los profesionales de las zonas deprimidas, pero también con la reinversión de las utilidades que genera un contrato. Pero si un contratista de otra parte ejecuta una obra aquí, lo que le queda de esa obra después de pagar todo se lo lleva a su domicilio y la ciudad, que agoniza por liquidez para empujar los sectores de su caída economía, se queda sin ella.
Y así es como los propios gobiernos locales le ponen piedras en el camino a la circulación del dinero en la ciudad, cuando deberían levantarla, la traban y finalmente sin querer la “desvían” a otras ciudades, cuando esta ciudad y la provincia ahora más que nunca la demanda. De manera que la política de contratar de las instituciones públicas, repito, debería ser siempre privilegiar lo local como lo hacen varias provincias del país y muchísimos municipios, pero una obligación luego de una catástrofe.
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