Un tacho es introducido al pozo de tierra, el líquido es transparente y ya en el envase sube hasta los labios de Lucía Rosero. Ella, ante la mirada de Layla Quiroz, ingiere directamente el agua. 

La escena no ocurre en Mozambique, Etiopía o algún otro país africano, la mujer tampoco es de una tribu de ese continente, es manabita y vive en Los Andarieles de Junín.

Este es sólo un ejemplo, de varios, publicados ayer en este medio y que grafican que el agua potable, de calidad y en cantidades respetables, también es un sueño en varios rincones rurales de Manabí.

El último censo del INEC  en el 2010 estableció que el 49,7 por ciento de los manabitas consume agua que no es segura o de redes públicas. No fue posible encontrar una estadística actual y confiable que diga cómo han evolucionado las cifras.

Crítica . Leonardo Viteri, exasambleísta, médico de profesión y con especialidad salubrista, critica con fuerza esta realidad y lo hace con varias interrogantes.

¿Cómo podemos estar tranquilos mientras un manabita ingiere el líquido elemental así?, ¿Qué pasó con el dinero de la segunda bonanza petrolera?, ¿Por qué se gastó más de mil millones de dólares en una plataforma de una refinería que no existe, mientras la gente sigue sufriendo estas necesidades básicas? ¿Por qué se priorizaron las obras grandes y suntuosas sobre estos temas fundamentales?, cuestiona Viteri.

El exlegislador dice que lamentablemente la clase política no entiende que salud pública no sólo es medicinas, hospitales y profesionales de la salud: es agua potable y alcantarillado. Es educación para la salud. 

Agrega que esto es responsabilidad compartida de Juntas Parroquiales, Gobiernos Municipales y Gobiernos Provinciales que debieron gestionar las obras sanitarias. 

Añade que también de los legisladores que no fiscalizaron estos temas y un gobierno que se farreó los dineros de la bonanza petrolera.

“Muy pocos fuimos los que cuestionamos y enfrentamos con valentía a Rafael Correa en el pináculo de su poder y su gloria. Ahora que está caído muchos lo cuestionan, pero antes pocos pusimos el dedo en la llaga”, asegura mientras pide que recuerden quiénes fueron cómplices de eso con su silencio y acciones.

Leonardo Viteri dice que el anterior fue un gobierno de comunicación, que hizo del “neuromercadeo político” su prioridad. 

“Comunicaban cosas que no existían, crearon un ambiente irreal, y para eso necesitaban construir obras faraónicas, gigantescas que se vieran. Hoy sabemos que tuvieron costos sobrepreciados y que en muchos casos no sirvieron para nada, como Unasur, Yachay, la llamada Refinería y más”. En ese contexto, dice, no eran útil para sus intereses las obras que se enterraban, entre ellas muchas como infraestructura  como el agua y alcantarillado.

Además, dice, hay un déficit en lo que se llamó educación para la salud, porque allí “no hay negocios”.

Análisis. El sociólogo Carlos Alberto Zambrano también ve inconvenientes que van más allá de la infraestructura.

Lo del agua es muy cultural. De hecho, las aguas que provienen de vertientes de montaña son muy puras. El agua potabilizada en algunas zonas rurales o no existe o es de muy mala calidad, dice.

Sobre el tema de la priorización de obras cree que es un asunto de una vieja realidad que no ha cambiado.

“Las obras públicas como, por ejemplo, los parques poseen  un efecto político electoral favorable muy alto. Se ven y se pueden tocar. Otro tipo de gestiones a nivel social en el ámbito de la salud preventiva son muy importantes. Pero no tienen el mismo nivel de impacto electoral que las obras físicas”, sostiene el sociólogo para explicar lo que ha ocurrido en el tiempo. 

En Manabí, cantones como Jipijapa, Paján, Puerto López, Junín, Tosagua, tienen problemas de abastecimiento de agua en las ciudades. No se diga en el campo.