Esto tras el pedido de revocatoria de esta medida que planteó la empresa Transire, a cargo por 10 años de los radares, el parqueo tarifado y la revisión vehicular, a través de un contrato que firmó con el municipio.

Una medida es una resolución de un juez sobre un determinado caso.  

La resolución se mantendrá hasta que el Concejo apruebe la ordenanza que defina los límites de velocidad en las vías donde se ubicarán los radares, dijo Francisco Cañarte, dirigente de la Cámara de Transporte de Manta.

Cañarte dijo que los abogados de los gremios del  transporte público  y de la sociedad civil  de Manta, que plantearon esta medida, demostraron que ni el Concejo ni Transire han cumplido con los procesos  jurídicos para dejar sin efecto esta acción. 

Por eso la jueza Mariela Delgado resolvió mantener la medida.

 

Nulidad. También se ha presentado una segunda acción legal para la nulidad del contrato de Transire con el municipio.  

Según los dirigentes, el contrato consta de un sinnúmero de procedimientos que no se cumplieron, como es la socialización del tema, la creación de la ordenanza que regula los límites de velocidad, un plan de movilidad  y velocidad  desarrollado por un perito en tránsito. 

Oswaldo Bravo dijo que este contrato se  firmó de manera apresurada. 

“Está lleno de falencias, y por eso pedimos su nulidad, para que se licite un nuevo convenio que responda a la movilidad de la ciudad”, anotó.

 

Municipio. María Zambrano Vera, directora jurídica del municipio, dijo que la jueza consideró que se había violentado el derecho de la libre movilidad, por eso resolvió mantener la medida cautelar para la no operación de los radares.

El Concejo deberá tratar la aprobación de la ordenanza, donde se contemplan todos los criterios de velocidad amparados en la ley, para lograr que esta acción sea levantada.  

Ella aseguró que todos los actos administrativos del municipio buscan un beneficio colectivo.