Frente a las cámaras de Manavisión cuenta: “cuando vine me dan el papel y leo y ahí dice que es para hacerme socia de esto, entonces, si me van a dar 5 mil dólares tendrán que decirme que es para un crédito. Algo tiene que haber ahí; tengo que pagar 7 dólares que al principio no me dijeron. ¿Y si me voy a involucrar en algo ilegal?”, narra y cuestiona una de las personas que entregó documentos y 7 dólares para ser considerados en el ofrecimiento de créditos para reactivación, con un interés del 4 % y pagos mensuales de 50 dólares que hizo la Asociación de Reactivación Económica y Social de Manabí (Aresma), cuyo titular es Mario Enrique Guerra.
Operativo. Fue el jueves 12 de julio cuando la Policía Nacional allanó un establecimiento comercial en la calle Sucre entre Chile y 18 de Octubre, en el centro de Portoviejo, donde decenas de personas habían entregado carpetas con sus documentos personales y dinero para acceder a créditos de reactivación que ofrecía una supuesta empresa, cuyo representante señalaba ser intermediario ante el Comité de Reconstrucción para conseguir el financiamiento.
En el lugar los uniformados incautaron carpetas, cuadernos con cientos de nombres de quienes estaban interesados en acceder a préstamos, y dinero en efectivo. Los interesados se comunicaban vía telefónica, previa la entrega del dinero que, según uno de los entrevistados por Manavisión, era para cubrir el seguro de desgravamen. Quien respondía las llamadas indicaba que no se aceptaban documentos de personas que trabajan para el Estado.
Tras hacerse pública la información de la intervención policial, habló Mario Enrique Guerra, quien dijo que “es un gran proyecto que se llama Reactívate Manabí, que se encuentra en la Secretaría de la Reconstrucción y el MIPRO, y estamos haciendo el mejoramiento de 3 o 4 puntos en nuestro proyecto”. Ratificó el pedido de 7 dólares por persona que “es para el seguro de desgravamen, no somos estafadores”.
FINANCIAMIENTO. El secretario de la Reconstrucción, José Herrera, confirmó que 4 personas están detenidas en Manabí por presuntamente solicitar dinero para intermediar para el acceso a créditos de reactivación tras el terremoto a ciudadanos de El Carmen, Pedernales y Esmeraldas.
Esas personas serían familiares de Guerra, quien indicó días atrás a la prensa “si hasta el 2 de agosto mi familia no sale del juicio que les han puesto como estafadores, nos vamos a tomar la provincia”.
Herrera aclaró que “nadie está autorizado a pedir plata, eso se constituye en una estafa; la banca pública no necesita de intermediarios”. Mencionó que asignaron 56 millones de dólares de la Ley de Solidaridad para créditos a través de BanEcuador, Corporación Financiera Nacional y Cooperativas Financieras de Ecuador para créditos de reactivación.
El gobernador, Fabricio Díaz, señaló que ha solicitado información a la Fiscalía y “no se va a permitir que se genere especulación”.
Análisis. El sicólogo clínico Pedro Saldarriaga dijo que hay que ver varias situaciones.
Una, desde la desesperación que hace que no se prevean posibles consecuencias. Y está otro grupo, “al que se le prenden las luces de aprovechar las oportunidades”.
El profesional recalcó que las personas pueden ser blanco de este tipo de ofrecimientos por la angustia “al no tener acceso a un crédito formal por las condiciones que pide la banca; aun sabiendo la probabilidad de ser estafados, la gente cae”.
