Para lograrlo  se requiere no solo la inquebrantable voluntad de los afectados para salir del hoyo al que la desgracia los empujó, sino recursos económicos. Pero en crisis, se dice,  lo que no hay es dinero. Realmente es una exageración. Aun en tiempos difíciles, duros como los de ahora, al menos en el Ecuador, algunos tienen dinero y ese  algunos, en primer lugar, son los gobiernos de todos los niveles: local, provincial y nacional.  No  tendrán dinero en exceso   pero tienen. Y es ese dinero, que llega por emergencia, para reconstrucción o por transferencia normal, es que   hay que distribuirlo equitativamente para que se reactive la economía caída. 

Por tanto,  si ya se tiene el dinero o está en proceso de que llegue, la primera decisión  es ponerlo  a circular con el propósito de poner en marcha lo que la desgracia destruyó. Y una manera clásica de hacerlo es a través de la obra pública, básicamente porque emplea mucha gente. Entonces si esta es la idea, si se quiere que la gente se ponga  de pie otra vez y comience a ver esperanza,  los contratos de la obra pública  deben ser adjudicados al mayor número de contratistas, empleando profesionales locales. Hacer lo contrario, es decir, contratar con pocos, con un número reducidísimo de profesionales, es poner,  a lo mejor involuntariamente y sin querer,  piedras en el camino a la circulación del  dinero, es colocar obstáculos para que el dinero fluya o  corra libremente por la economía local y se filtre a todos los segmentos de la comunidad. Y no solo eso: contratar con varios profesionales o empresas en tiempos de  depresión, es, además, un acto de justicia social porque la crisis no es de uno o de dos o tres contratistas. No, el problema es de todos. 

Reactivar  la economía local y provincial entonces, pasa necesariamente por que las obras públicas se distribuyan entre muchos contratistas y no entre pocos y siempre   dando prioridad a los locales, porque la crisis es aquí.  ¡Qué mayor razón!