“Hay miles de familias en la misma situación, no solo mis hijas”, afirmó durante una conferencia de prensa frente a unas oficinas del Servicio de Migración.

Villavicencio, de 32 años, llevó un pedido a la base Fort Hamilton, en el distrito neoyorquino Brooklyn, donde, según su esposa, fue interrogado por militares sobre su estatus migratorio y dejado preso. 

Chica afirmó que su esposo “no ha hecho nada fuera de la ley”, solo trabajar para mantener a sus hijas. “Es lo que ha hecho siempre, trabajar y por eso fue arrestado”, insistió.

Reclamó la liberación de su marido por medio de un nuevo documento legal presentado ayer por sus abogados, en el que afirman que no debe estar encarcelado porque no representa peligro para la comunidad.

Afirman además en la moción que el repartidor de pizza no tiene historial criminal y que no representa “de ninguna manera” una amenaza a la seguridad pública o nacional.

Solicitudes. Su abogada Jennifer Williams destacó que la detención del ecuatoriano fue “cruel, inhumana e injusta”.

Villavicencio, que emigró a EE.UU en el 2008, solicitó un asilo en el 2010 que le fue negado, lo que le colocó en orden de deportación desde ese entonces, pero Williams declinó explicar qué razones argumentó para pedir asilo. En febrero pasado Villavicencio solicitó su residencia permanente por estar casado con una ciudadana estadounidense.