El Gobierno aceptó el viernes pasado invitar de manera inmediata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.

Las partes también consensuaron ese día “urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que deberán trabajar ‘en sitio’ para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables” desde el pasado 18 de abril.

Crisis. Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 178 y 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Daniel Ortega también era presidente.

Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de corrupción.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una persona muere cada 8 horas en Nicaragua a causa de las protestas contra Ortega.

“Hay un promedio de 3 personas diarias que han sido asesinadas en las protestas contra esta dictadura siniestra”, dijo el asesor legal del Cenidh, Gonzalo Carrión.

Según datos del Cenidh, al menos 180 personas han fallecido en las protestas desde el 18 de abril pasado. Otras organizaciones humanitarias ubican en 200 la cantidad de muertos.

“Nosotros responsabilizamos al Gobierno porque son sus fuerzas policiales y parapoliciales las que, con una orden de la Presidencia, mantienen la violencia en el país”, comentó Carrión.