Los mecanismos utilizados para el control de la Justicia en Ecuador fueron: 1. Se violó el Art. 168, numeral 1, de la Constitución, que garantiza la independencia interna y externa, determinando que “Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo a la ley.” El visto bueno para este atropello lo dio una Corte Constitucional que cometió prevaricato. 2. Se realizó una consulta el 7 de mayo del 2011 con 1’229.330 electores adicionales a los que podían hacerlo según los datos del INEC. 3. El informe de la OEA, del 12 de noviembre del 2012, repara que en el 63,61% de las Juntas Electorales no coincidía el número de firmas con el de votos y resultados. En cualquier parte del mundo estos procedimientos se llaman fraudulentos.

En el primer año del Consejo de la Judicatura, a partir del 2011, con la presidencia del Ing. Electrónico Paulo Rodríguez, se destituyeron 324 jueces y se abrieron 1.400 expedientes a otros jueces; en el segundo año destituyeron 165 jueces y abrieron expedientes a otros 1.101 jueces adicionales. En total, solo en ese lapso, 2.990 jueces. Los motivos: error inexcusable, negligencia y falta de motivación. Con estos antecedentes, juez que no obedecía la voluntad del oficialismo sabía que estaba fuera de su trabajo y que ya existía su reemplazo.

Tan grave como lo referido fue el uso del aparato judicial para perseguir a quienes el régimen así lo determinaba. Se inauguró una nueva industria sin chimeneas. Se exigió USD 80 millones a diario El Universo y se ordenó pagar 40. Se sancionó a los autores de “El Gran Hermano” con USD 2 millones. A Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa con 147 mil dólares. Se encarceló, entre otros, al diputado Galo Lara y se enjuició a dirigentes indígenas, campesinos, del magisterio (Mery Zamora), estudiantiles (de los colegios Mejía, Montúfar, Central Técnico, entre otros), ambientalistas, defensores de la tierra y agua; se encausó a más de 500 personas por un “golpe de Estado” inexistente, del caso 30-S.

El correísmo no solo se apoderó de las cortes, sino de la Fiscalía, Procuraduría y todas las entidades de control y fiscalización para blindarse con impunidad. Por ello el pueblo votó, el 4 de febrero del 2018, en forma masiva por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, con amplias atribuciones, convencido que nadie, ningún organismo, está sobre la Constitución y la ley. No al acaso se escuchó en Manabí: “No más pillos; confiamos en Trujillo.”