A los culpables de estos actos de innegable terrorismo se los ubica por sus conexiones con el narcotráfico en la frontera norte; se esconden en la espesura de la selva y en supuestos principios políticos derivados de las FARC; en cambio, algunos causantes de que nuestro país esté involucrado en este peligro quizás están camuflados dentro del actual aparato gubernamental y seguramente fueron parte de quienes en el régimen anterior debieron haber cumplido con sus deberes constitucionales de fortalecer la seguridad nacional por medio de la policía y el ejército en sus distintas ramas y en sus más variadas necesidades, desde las áreas de inteligencia hasta la provisión de los elementos materiales para su misión; esto no sucedió, como es de conocimiento público; al contrario, el debilitamiento de la básica disciplina jerárquica entre oficialidad y tropa, fue impulsado sin disimulo por los más altos miembros del gobierno anterior, con posibles fines aviesos, que agudos observadores piensan que podrían ser los que han facilitado las actividades prohibidas que al tratar de eliminarlas, han ocasionado estas tragedias.

Ahora, cuando la patria más necesita de fortalezas para salir del profundo hoyo -en todo sentido- dejado por la década perdida del “correato”, explota este grave suceso con los peligros del nefasto narcotráfico de los poderosos carteles mexicanos, mezclados con rezagos guerrilleros colombianos, lo que con las grandes sumas de dinero en efectivo utilizados en esa delictiva actividad, pueden corromper a los más diversos estamentos sociales, llegando hasta a los políticos y policiales, como ya se presume en las redes sociales, donde circulan versiones que intentan dar pistas o razones de los motivos que desencadenaron los hechos vividos que culminaron con el dolor de la ausencia definitiva de los siete ahora heroicos compatriotas. Se espera que nuestros gobernantes, cumplan su obligación de lograr que por estos asuntos no nos vaya a faltar ningún otro hermano más.