El estudio divulgado ayer recoge su apreciación sobre el Gobierno del expresidente Rafael Correa, que concluyó en mayo pasado, y el de su sucesor Lenín Moreno.

En el estudio destaca la promesa del actual presidente de respetar la libertad de expresión y de gobernar con una mayor tolerancia a la de Correa, un excorreligionario suyo, de quien se distanció y con el que mantiene una fuerte pugna política.

Problemas. “Ecuador todavía enfrenta graves problemas en materia de derechos humanos”, como una “normativa que otorga al Gobierno amplios poderes para coartar la libertad de expresión; limitada independencia judicial; condiciones de detención deficitarias; e importantes restricciones en el acceso, por parte de mujeres y niñas, a la atención de salud reproductiva”, precisa el informe.

Moreno -agrega el texto- “terminó con la práctica de su predecesor de amenazar y hostigar públicamente a periodistas independientes” y designó a nuevos equipos para dirigir los medios públicos bajo una línea independiente del Gobierno.

Sin embargo, señala que sigue vigente una ley de información y comunicación que concede al Gobierno una “amplia potestad para limitar la libertad de expresión”.

Correa. Asimismo, HRW agrega que el anterior Gobierno de Correa tuvo “amplias facultades” para “intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales”.

Además, HRW asegura que durante años, “la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador” y que pese a reformas aplicadas para cambiar esa situación en el periodo de Correa, se “presionaron jueces, fiscales y defensores de oficio para que tomaran ciertas decisiones en varias causas judiciales”.

Asimismo, advierte de impunidad en el tratamiento de muchos casos de abuso sexual contra menores, sobre todo de los 882 denunciados en escuelas durante 2014 y 2017, revela el informe de HRW.