La cita judicial se efectuó una vez que la dirigencia de la facción correísta separara al jefe de Estado, Lenín Moreno, de la presidencia del movimiento y, posteriormente, los jueces del Tribunal de Garantías Penales ordenaran medidas cautelares a favor del primer mandatario, dejando sin efecto la resolución.
Durante la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la asambleísta Gabriela Rivadeneira denunció ante el organismo una supuesta “arrogación de funciones” por los jueces que respaldaron a Moreno.
Guillermo González, abogado de Rivadeneira, aseguró que con esa acción, los magistrados se atribuyeron competencias ajenas.
La defensa del legislador Ricardo Zambrano, quien está reconocido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el secretario -encargado- de Alianza PAIS (AP), justificó la acción de los jueces, al indicar que actuaron conforme a la ley porque las medidas cautelares se las tramita desde la parte constitucional, que es una de sus competencias jurídicas.