El derecho a la verdad, le corresponde a la sociedad en su conjunto, para saber de lo ocurrido y la razón y circunstancias que originaron los hechos, como una manera de coadyuvar a evitar que vuelvan a ocurrir. Este derecho a la verdad es irrenunciable y autónomo, reconocido en tratados e instrumentos Internacionales. Así como por convenios nacionales, regionales, de derecho y de numerosas resoluciones de los órganos intergubernamentales a nivel global y regional.

Como derecho autónomo es un derecho fundamental. Por lo tanto, no debe estar sujeto a limitaciones. Dando su inalienable naturaleza y su estrecha relación con otros derechos no derogables, como el derecho de no ser sometido a torturas y malos tratos. 

El derecho a la verdad es un derecho que está estrechamente ligado al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos y la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones efectivas de violaciones de los derechos humanos y violaciones graves del derecho humanitario. Este derecho a la verdad también está unido a los principios de transparencia, rendición de cuentas y buena gestión democrática.

En España, la política nacional que guarda relación con los derechos humanos está regulada en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, (más conocida como Ley de Memoria Histórica). Así mismo, las cortes generales aprobaron la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, con reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Estos derechos también están asociados con otros derechos, como el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener reparación, derecho a conocer nuestro pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Y el derecho a buscar e impartir información muy fundamental para la dignidad del ser humano.

La búsqueda de la información es un derecho que nunca debe usarse para limitar, negar o perjudicar el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad también tiene una dimensión especial: Conocer el destino y paradero de una víctima, donde la verdad está íntimamente ligada a la obligación de los estados de luchar y erradicar impunidad.

Por tanto, los tribunales penales nacionales e internacionales, las comisiones de la verdad y de investigación, las instituciones nacionales de derechos humanos y los respectivos órganos de comunicación, pueden constituir instrumentos importantes para garantizar la verdad. 

Así mismo los recursos judiciales como el Habeas Corpus son también mecanismos para proteger y acreditar la verdad. Muy esencial para el funcionamiento de los sistemas democráticos.