El mayor Wilson Granja, jefe del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), manifestó que, en caso de una explosión, las camaretas podrían acabar con la vida de todas las personas que habiten en dos cuadras.

Los petardos fueron decomisados en la parroquia Eloy Alfaro, Tarqui, avenida Flavio Reyes, Lomas de los Vientos y en la vía a San Mateo, en cinco allanamientos organizados por los agentes de la Unidad Antiexplosivos. 

“Una explosión con esa cantidad de pólvora tiene el alcance para destruir las viviendas de un barrio ubicado a 80 metros a la redonda. A eso hay que agregarle las explosiones que generarían los cilindros de gas y la fuerza destructora de la onda expansiva”, expresó Granja. Los explosivos estaban guardados en cartones, fundas plásticas y sacos. No hubo presos.

Geovanny Ponce, jefe de la Policía de Manabí, informó que este operativo terminó con el decomiso más grande de explosivos en los últimos 10 años en la ciudad.

Había 2.418 unidades de tortas, volcanes, estrellitas, matapescados y metralletas explosivas. La manipulación de los petardos puede causar quemaduras en la piel, pérdida de visión y amputación de los dedos. El material será destruido en los próximos días.

 

Sanción. El coronel Víctor Zárate, jefe de la Policía de Manta, sostuvo que la Ley de Armas determina en el artículo 24 que el almacenamiento de petardos  debe realizarse en locales autorizados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Municipio y Bomberos. 

La ley además establece que los locales no deben estar ubicados en zonas pobladas ni en terrenos comunitarios. “Y como los explosivos estaban dentro de la ciudad y sin ninguna medida de seguridad, procedimos a incautar el material”, enfatizó el oficial.

En la operación también incautaron cohetes, zumbadores, granadas y tacos de dinamita. La ley establece que quien venda explosivos puede recibir una condena de tres a cinco años de cárcel. La misma sanción recibirán las personas que fabriquen o almacenen los petardos de forma clandestina.