Los hermanos del sector alimenticio mundial confesaron a la Justicia que durante una década sobornaron a políticos a cambio de “favores” que ayudaron a moldear la empresa global que hoy es JBS.

Entre ellos el propio presidente Temer, a quien Joesley Batista visitó una noche en su residencia oficial y, sin que lo supiera el mandatario, grabó una conversación que para muchos confirmaba su participación en los sobornos.

 

Acusación. El escándalo volvió a adueñarse del país y la Fiscalía General, a cargo entonces del procurador Rodrigo Janot, dio un paso inédito en la historia brasileña y presentó una denuncia formal por corrupción contra un mandatario en pleno ejercicio del poder.

Por tratarse de un delito penal el caso fue remitido a la Cámara de Diputados, que por imperativos de la Constitución brasileña debe avalar la apertura de un juicio de esa naturaleza contra un presidente.

Esa disposición constitucional llevó el asunto a un terreno netamente político, en el que Temer se valió de su poderosa base parlamentaria para enviar a los archivos la denuncia de la Fiscalía.

Aun así, Janot no dio el brazo a torcer y formuló unas nuevas acusaciones contra el mandatario, por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, que también fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados.

En ambos casos, las denuncias se apoyaron en los testimonios de los hermanos Batista, pese a que la propia Fiscalía anuló el acuerdo con JBS al comprobar que los declarantes habían mentido u omitido información sobre varias tramas corruptas en las que se implicaron.

Aun así, gracias a su base parlamentaria, Temer despejó el camino para seguir gobernando hasta el 1 de enero del 2019, cuando entregará el poder al ganador de las elecciones previstas para octubre próximo.