En una entrevista para El Diario, Ricaurte valora la libertad de prensa en el país durante el 2017.

Hay que considerar que tuvimos un año electoral en el que se ha dado un cambio de gobierno. Lo que vivimos en la primera parte del año, del mes de mayo cuando se posesiona el nuevo gobierno, es un incremento sustancial de las agresiones contra la prensa en el marco de una campaña electoral sumamente dura, sucia y llena de confrontaciones, en la cual la prensa se convirtió en un objetivo. A partir de la posesión del nuevo gobierno, el 24 de mayo pasado, lo que hemos visto es un mejoramiento del clima en general en el que trabaja la prensa en Ecuador. El nuevo presidente declaró que respetaría la libertad de expresión y el trabajo de la prensa y, en general, digamos que han disminuido sustancialmente las agresiones. Ese mejoramiento del clima de trabajo de la prensa no está acompañado de reformas legales e institucionales necesarias para desmontar el sistema de censura que se creó durante el Gobierno de Rafael Correa.

Indudablemente. Yo voy más allá. En realidad, el comportamiento del superintendente Ochoa está reñido con las leyes y se puede considerar un acto de corrupción porque las leyes ecuatorianas, las de servicio público, castigan a aquellos funcionarios que se benefician de forma personal por decisiones que corresponden al mismo funcionario. En el caso de Ochoa, él señala que no es juez y parte porque son solo procesos administrativos; sin embargo, como digo, él no es solo juez y parte sino que se beneficia de las resoluciones que está emitiendo y eso es un acto de corrupción. El señor Ochoa debería ser enjuiciado, castigado por un acto de corrupción. La Superintendencia de Comunicación e Información   sigue actuando porque la Ley de Comunicación no ha sido reformada. Lamentablemente el presidente Moreno no incluyó en la consulta popular los temas de comunicación.

Lo primero que hicimos durante la campaña electoral fue plantear a las fuerzas políticas una hoja de ruta para recuperar la libertad de expresión, donde se definen una serie de normas legales, reformas institucionales, una agenda que debía corresponder a los poderes de Estado, pero también lo que vemos, que la sociedad civil, la academia y los gremios periodísticos deberíamos involucrarnos de forma activa en la propuesta de modificaciones  a la Ley de Comunicación. Lo segundo que hicimos fue participar en los diálogos convocados por el presidente Moreno. Nuestro aporte en ese sentido fue muy claro y simple, se deben cumplir las reformas a la Ley de Comunicación.

Lo que vimos en el anterior Gobierno fue el predominio de un régimen de censura. La Ley de Comunicación básicamente lo que implementó fue la censura y autocensura en los medios del país y desaparecieron las unidades de investigación, desapareció la investigación periodística tradicional y se desplazó hacia los medios digitales. Ahora que ha mejorado sustancialmente el clima en el que trabajan los medios de comunicación, vemos que el periodismo empieza a sacar temas de hechos de corrupción.