Poco después de que Glas ingresara en prisión preventiva el 2 de octubre por su implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Moreno encargó la vicepresidencia a Vicuña en tanto se prolongara su ausencia, plazo que de acuerdo a la ley, dura un máximo de 90 días.

Tres meses después de su privación de la libertad, el próximo 2 de enero se abre el plazo para el trámite constitucional a fin de declarar cesado a Glas por abandono del cargo, punto que debe ser corroborado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional (Parlamento) con una mayoría de dos tercios de sus integrantes, un total de 92 votos.

Interpelada sobre qué sucederá a partir de esa fecha, y si la Vicepresidencia sigue bajo su encargo de manera temporal, Vicuña señaló que "no es un tema que se ha analizado actualmente en el Gobierno, eso es potestad exclusivamente del compañero presidente, que seguramente estará haciendo las valoraciones respectivas".

La vicepresidenta confirmó que una vez venza ese plazo el dirigente dispone de 15 días para presentar una terna con tres candidatos a la Asamblea, que tendrá otros 15 días para escoger al vicepresidente "que ya quede en funciones hasta finales del período".

"Eso es lo que establece la propia Constitución", apostilló, antes de aclarar que "no hay plazos, digamos (que) hay vacíos legales que no te fuerzan a cumplir esos 15 días por parte del presidente de la República" para que presente sus candidatos.

Vicuña reconoció, con todo, que "no es un tema del que hemos hablado" y declinó mostrar su parecer acerca de si volverá a contar con la confianza del primer mandatario para revalidar cargo, esta vez, hasta que concluya la legislatura.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Parlamento ecuatoriano admitió el domingo una solicitud para celebrar un juicio político contra el vicepresidente sin funciones, lo que podría resultar en otra vía para despojarlo del cargo.

Glas resultó electo en binomio con el presidente Moreno en la segunda vuelta de los comicios del pasado abril, como cabezas de cartel de la formación de izquierdas Alianza País (AP).

Pero el jefe del Estado le retiró sus funciones en agosto pasado después de mantener desavenencias políticas con él y en momentos en que trascendieron datos de la investigación judicial que se ha seguido en su contra.

El político va a recurrir la decisión judicial en primera instancia y su defensa argumentó que no tiene intenciones de abandonar el cargo hasta que no haya una sentencia en firme del caso. EFE