Odebrecht respaldó las explicaciones ofrecidas por Kuczynski en un mensaje a la nación difundido el jueves, donde el mandatario aseguró que, mientras era ministro, su consultora estaba a cargo del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

La empresa sostuvo que los contratos fueron legales y gestionados exclusivamente con Sepúlveda, por lo que no fueron remitidos a las Fiscalías de Perú y Brasil, pues el acuerdo de colaboración con estas autoridades se ciñe únicamente a actos ilícitos.

Accedió a enviarlos a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, porque el documento no estaba sujeto a reserva al no estar dentro del acuerdo con las fiscalías.

 

Juicio. Después de que el Congreso peruano aprobara el viernes la propuesta de debatir un pedido de vacancia (destitución) presidencial, Kuczynski permaneció ayer en silencio en su domicilio del distrito limeño de San Isidro, donde ha recibido a varios ministros y allegados.

El Congreso debatirá el próximo jueves su destitución por “incapacidad moral permanente”, una figura que está contemplada en la Constitución y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en el año 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.

En el caso de Kuczynski, el Parlamento, dominado ampliamente por la oposición, y donde el fujimorismo tiene mayoría absoluta, se acogió a las repetidas veces que el mandatario negó vínculos con Odebrecht para considerar que “faltó a la verdad” y activar la moción para pedir su destitución.

Los legisladores también tuvieron en cuenta que Kuczynski se había rehusado a declarar ante la comisión Lava Jato por considerarla “un circo”, y solo accedió a hacerlo cuando Odebrecht reveló los pagos.