Ustedes tienen un sistema nacional integrado para controlar la calidad del agua que se entrega. ¿Cómo evalúan que la normativa se cumpla y, por ende, la calidad del líquido?

Existe una norma establecida del INEN para establecer cuáles son los parámetros que determinan que el agua es apta para consumo humano, y la periodicidad. Ya se ha hecho una evaluación en el 2015, 2016 y 2017. En prestación de agua y saneamiento no solo se ve la calidad del agua, sino la cobertura, y no se llega a todas las poblaciones. 

Otro aspecto es el de ingresos versus egresos. ¿Qué pasa si no se cobra la tarifa adecuada? La prestación de servicios no es sustentable en el tiempo y al final lo que se tiene es un mal servicio.

 

¿Cuáles son los resultados?

Por ejemplo en Manabí, 80 parámetros están resumidos en 5 parámetros básicos. Por ejemplo el tema de pérdidas de agua, cuánto trato y cuánto facturo. En el caso de Portoviejo, de 100 litros que potabiliza solamente 33 llegan a ser facturados, por lo que existe un 67% de pérdidas de agua que ya se trató y se le puso químicos, y eso es una inversión.

 

Según datos de la Senplades, el 75,3% de los hogares de Ecuador tiene agua por la red pública, pero no habla de un servicio de calidad.  ¿Cómo cambiar eso?

Es un proceso. El tema de prestación de servicios de agua potable no va a cambiar de un día para otro, es progresivo, tenemos que implementarlo de forma gradual en todos los municipios.  El agua ni siquiera llega a todos los ciudadanos.

Para lograr una prestación de servicios se necesitan recursos. Ya sabemos de qué males adolecemos, hay que armar un plan de mejoras para tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. 

A veces no se necesita ingentes recursos porque mejorando la cobertura se logra mejorar el servicio. Ya once cantones han presentado sus planes de mejoras.

Senagua ha viabilizado 1.100 proyectos que tienen un costo de 1.200 millones de dólares, que van a ser ejecutados en este gobierno. Se va a entregar a través del Banco de Desarrollo créditos con subsidios de hasta el 70 por ciento, pero los proyectos deben tener sostenibilidad. 

 

¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan las empresas de agua?

Es generalizado a nivel nacional, en municipios grandes y pequeños. Son del 55% de pérdidas de agua entre lo que se contabiliza y lo que se factura. La mayoría de municipios tiene egresos superiores a los ingresos, es insostenible. No tienen pliegos tarifarios adecuados, no reflejan el costo de producción. Más de la mitad de los municipios tienen una tarifa fija, independientemente del consumo de agua.

La Agencia va a generar una normativa para que fijen las tarifas en función de los costos reales de producción y en función de eso establecer un catastro de usuarios. 

 

¿Cuál es el nivel de pérdidas aceptable?

Entre lo que se potabiliza y lo que se llega a facturar es de alrededor del 30%. A nivel nacional solo lo tienen dos municipios: Quito y Cuenca. Los demás tienen elevados niveles de agua no contabilizada o pérdidas de agua.

 

¿En qué tiempo esperan cubrir esa brecha?

Esperamos llegar al 30 por ciento en unos diez años. En todos los sectores se requieren inversiones, solamente bajando de 3 al 4% de pérdidas bajan 10 millones al año. Algunos municipios ya han bajado las pérdidas. Guayaquil bajó un 3% de la demanda a nivel nacional, eso ya es un ahorro porque significa más agua disponible. 

Teniendo tarifas más ajustadas los municipios pueden ser sujetos de crédito, en función de los indicadores. La idea es que la banca dé créditos, pero el compromiso es mejorar los indicadores, el índice de recaudación, superando los problemas de infraestructura, redes, etc.