El pedido lo hacen basados en un proceso penal iniciado contra ellos por el presunto delito de lavados de activos.

La cancillería entiende que estas dos personas han pretendido “sorprender” a las autoridades peruanas, en su “buena fe”, “aduciendo que son víctimas de persecución política”, una circunstancia que “ni ha sucedido ni podría suceder ya que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que cumple fielmente en todo momento su deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y libertades fundamentales”, reza un comunicado de la cancillería.

La cancillería ha solicitado, del mismo modo, que el Gobierno peruano proporcione información y argumentos jurídicos que fundamentan la decisión de concesión de refugio a los dos presuntos corruptos, señala el Ministerio Público en un comunicado.