La diligencia simbólica fue organizada por la Unión Nacional de Educadores (UNE).  

Hubo, además de los jueces, una secretaria, un fiscal, una acusadora particular, un jurado (con cuatro miembros), un abogado defensor, dos testigos y tres peritos, expertos en educación, abusos escolares y las implicaciones psicológicas en las víctimas. 

El juicio duró dos horas y se realizó ayer. 

Trujillo, presidente del tribunal de jueces, inició la diligencia aclarando que se trataba de un juicio popular, cuyo resultado no es de obligatorio cumplimiento para el Estado y sus autoridades. 

Pero -dijo- sí es moralmente obligatorio para reparar el daño a las víctimas de abusos escolares y sus familias.  

El penalista Ramiro Román cumplió el papel de fiscal. Su teoría del caso fue que se cometió un delito por omisión. 

Explicó que las autoridades del sistema educativo tienen la obligación jurídica de denunciar ante la justicia ordinaria los abusos sexuales que se cometen.