El Diario: ¿Qué debe hacer el Estado entonces con estos emprendedores?

Eduardo Santana: Es necesario que el Estado intervenga en un centro de acopio en Junín y les compren ellos mismos ese aguardiente y se lo lleve a productoras de alcohol en Guayaquil (Petrocomercial) y se produzca así la gasolina Eco.

 

¿Considera que el Estado los ha regulado? Porque algunos tienen registro sanitario...

Es sorprendente que estos productos de sabores tengan registro. Nosotros para sacarlo tenemos muchas reglas en juego. 

Un registro sanitario nos lleva seis meses y hay normas técnicas. Por ejemplo, no se puede envasar ningún licor con aguardiente de este tipo, sino que la ley exige que sea con alcohol; es decir, con aguardiente rectificado con instrumentos y columnas modernas.  

Por ejemplo, para fermentar usan plástico; por ejemplo en ciertas partes de la Sierra usan el tanque de hierro como fondo, eso con el fuego desprende tóxicos.

 

¿Ustedes entonces consideran que están trabajando a pérdida?

El SIMAR (Servicio de Rentas Internas del Ecuador) debe emprender un control más eficaz. Por ejemplo, una botella de agua de 500 mililitros la venden a 1 dólar. Ellos no pagan impuestos. Nosotros pagamos el 55% del costo de la botella. Veo cómo con el 45% soluciono mi problema. Ese impuesto es mensual. 

 

Los “aguardienteros” les afectaron directamente a su bolsillo... 

Aquí en Manabí somos dos empresas de licor, Ceilmaca y Manalicor. Ceilmaca lo que pagaba en impuestos era muy significativo para la provincia. Yo particularmente soy una empresa más pequeña, vendía 10 mil cajas por mes, hoy no llego a mil cajas. Nuestro mayor competidor es el currincho. Hubo que reducir personal.

 

¿Cómo están haciendo para competir con los artesanales?

Innovando. Hemos sacado un producto nuevo llamado Santorini. Viene en dos presentaciones, uno de frutas tropicales y el otro de sandía, para que la gente que toma esos licores antitécnicos de sabores, comience a consumir estos productos que son similares y de mejor calidad.