Con el terremoto del 16 de abril le vino otra desgracia, su casa se cayó, con suerte junto a su familia sobrevivieron al hecho.

Desde allí vive en una carpa endeble y calurosa que le agravó su estado de salud, aunque asegura que no ha descansado para que el Estado o cualquier otra institución le regalen una vivienda. 

 

>Proceso. Narró que pocos meses después del sismo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), le asignó a él y a 39 vecinos un bono para casa nueva de 10.000 dólares, con lo que pensaban que su problema habitacional estaba solucionado.

Han pasado 18 meses del terremoto y sin embargo su casa aún no está, dijo que ha viajado decenas de veces hasta la oficina del Miduvi en Portoviejo para denunciar el incumplimiento y allí lo que le responden es que el 70 por ciento del dinero ya fue asignado a un constructor y que su casa ya debería estar. Finalmente, lo consuelan diciendo que van a hablar con el contratista, señaló.

Igual, consideró que la presión ha incidido para que el contratista regrese y a inicios de septiembre edificaron los plintos de la casa, además le colocaron las varillas metálicas de lo que serán las columnas, pero luego del 18 de septiembre no volvieron más. 

Las varillas se mueven de un lado a otro por acción de los vientos. 

Como él, están siete vecinos más desconcertados porque las prometidas casas no llegan.  

Rosa Chávez, esposa de Pablo, alerta que ya está próximo el invierno y teme que con las lluvias se mojen, como ya sucedió en este 2017.

Dijo que en San Marcos la mayoría de los niños y adultos que viven en carpas padecen problemas de salud, sobre todo a nivel muscular, se quejan de dolores en la columna, en las piernas, los niños tienen sarpullido y más afecciones a la piel. 

Piden clemencia a las autoridades.

 

>Más casos. En la comunidad Cañitas de Charapotó, en Sucre, también hay gente que aún duerme en carpas. 

Sonia Valencia menciona que junto a su esposo y dos hijos deben compartir una pequeña construcción hecha con cañas y materiales que recolectan de carpas post terremoto.

En esta comunidad más de 50 familias se quejan de que no les construyeron sus casas.

Gertrudis Conforme dijo que su vivienda se afectó gravemente y entonces le pidieron una firma autorizando la demolición y respectiva construcción nueva, dijo que accedió, pero solo se cumplió el primer paso: la demolición. 

“Ahí sí fueron rápido”, mencionó. 

Galo Salazar señala que ahora se arrepiente de haber permitido que le destruyan su casa, pues ahora  solo hay un terreno vacío y lo acogen en casa de un familiar. 

Los casos se  suman en esta comunidad. Varios alegan que firmaron para autorizar su construcción a los contratistas, pero las casas no llegaron.

En la comunidad San Andrés la situación es similar, dijo José Espinoza, quien indicó que las familias están cansadas de vivir en esas condiciones.

 

>Un informe. Justamente debido a todos estos problemas, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), realizó una veeduría a la construcción de casas post terremoto, particularmente en Sucre, donde se evidencian la mayoría de problemas.

La veeduría la integran cinco personas y según un informe que enviaron a este medio, resumen que durante un año de observación (entre julio de 2016 y julio de 2017), encontraron el abandono de los trabajos por parte de los maestros de obra y albañiles. 

Otra falencia en las contrataciones es que no se priorizó la mano de obra local –fundamental para reactivar la economía- “sino que se llevaron ingenieros de otras partes del país”.

El informe señala, además, que los técnicos del Miduvi que realizan actividades en Sucre, al parecer no cuentan con un plan de coordinación para trabajar con la ciudadanía para atender sus requerimientos. Luego esa entidad pública estableció una oficina en Sucre para la atención de los beneficiarios, dice el documento enviado.

El Pleno del CPCCS acogió el informe y resolvió disponer la investigación a través de la Secretaría de Transparencia sobre el porqué del retraso de las obras. En tanto, una copia del documento se remitió a la Contraloría General del Estado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el Miduvi. 

 

>Investigan. Marcos Paredes, director técnico provincial del  Miduvi, dijo que efectivamente muchas personas se han quejado por la no construcción de viviendas. 

Dijo que tiene denuncias verbales de beneficiarios a quienes los contratistas le pedían que firmen el inicio de la obra y ese documento lo mostraban como prueba de que había “cumplido”; sin embargo, la vivienda no fue terminada. Espera que esas denuncias se hagan formales.

Lamentó que las primeras contrataciones de casa post terremoto fueron tan simples que solo era necesario el acuerdo entre el contratista y el beneficiario para iniciar la obra, sin dejar garantías. El Miduvi prácticamente solo se dedicaba a pagar. El contratista no tenía mayor presión, reconoce.

Ahora dijo que el proceso es más formal y se piden más requisitos, al punto que el Miduvi puede iniciar acciones legales por incumplimiento.

Mencionó que en la provincia hay unos 40 casos de contratistas incumplidos, con quienes dijo, conversan para presionarlos y que culminen las obras, pues todos ya recibieron el 70 por ciento de anticipo por cada casa y a otros les han ido pagando gradualmente hasta completar.

En el caso de San Marcos, señaló que son ocho viviendas las que aún no se terminan y el caso se lo pasó al departamento jurídico del Miduvi con la intención de seguir un proceso legal en la justicia ordinaria.

Ese es el proceso que más lejos ha llegado hasta ahora, pues dijo, a pesar de los múltiples problemas, no han sancionado a nadie porque han preferido el diálogo.

También señaló que luego del terremoto se validaron 45.455 inspecciones de viviendas, de las cuales se determinó construir o mejorar 35.000. De esas, 27.000 casas han sido pagadas y están terminadas o en proceso de completar, pero faltan 8.000 y ya no hay dinero. 

Dijo que ahora han solicitado los recursos con la intención de construir las viviendas el próximo año.

 

>Contentos. Mientras eso, varias personas que en Cañitas fueron perjudicados por una supuesta hermanita de una iglesia pentecostal de Brasil que prometía casas luego del terremoto y luego desapareció, recibieron la ayuda del Miduvi que ya les construyó sus viviendas.

Magaly Murillo dijo que hace dos meses le entregaron su villa. A su lado edificaron la casa de Flérida Murillo, la cual está terminada.