El presidente brasileño fue acusado por la Fiscalía por obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

Los jueces se apoyaron en la Constitución brasileña, según la cual un mandatario en ejercicio del poder sólo puede ser procesado penalmente si lo autoriza la Cámara baja, que a inicios de agosto pasado ya bloqueó una primera acusación por corrupción contra Temer.

Esa norma fue esgrimida por el instructor del caso en la corte, Edison Fachin, quien sostuvo que “la decisión política de la Cámara de Diputados, como depositaria del voto popular, debe anteceder al análisis jurídico sobre la posibilidad de admisión de una denuncia”.

La decisión del Supremo niega al mismo tiempo una demanda de la defensa de Temer, que exigía revisar la validez de las pruebas que incriminan al gobernante brasileño.