El 22 de junio del 2017, el organismo de control notificó las glosas a Duarte y a Panavial (como responsable solidario), para que en un plazo de 60 días respondan y presenten sus argumentos de descargo. 

En la primera glosa, por 75,3 millones, se determina que la exministra Duarte eliminó el pago con bonos del Estado (por 19,2 millones), pactado en el contrato adicional de concesión, incluyendo cambios técnicos que incrementaron el costo de la obra, que conecta 7 zonas del norte de Quito con el aeropuerto Mariscal Sucre.

En la segunda glosa, por 35,8 millones, se determinó que en calidad de Ministra, cuyo cargo ejerció entre el 1 de septiembre del 2012 y el 9 de marzo del 2014, Duarte suscribió una segunda adenda, con la cual se suprimió la construcción de un puente de 342 m, en volados sucesivos; en su lugar se ejecutó una variante que incrementó el recorrido de la vía en 1,76 km y los volúmenes de excavación de suelo, escombreras, protección de taludes, entre otros, sin definir el costo del proyecto ni establecer los precios unitarios y cantidades de obra previamente a su ejecución.

 

>duarte. La exministra dijo que con sus abogados presentará todos los documentos aclaratorios ante la Contraloría, que en su caso está actuando de manera errática y desacertada. 

“Ese proceso está viciado de nulidad, pues no incorporan a todos los involucrados, solo me ponen a mí y a la contratista. El cálculo de las glosas carece de validez y objetividad. Algo está pasando con la Contraloría, que ha ignorado todos los descargos que he presentado”, señaló.

Por su parte, Valentín Calderón, gerente de Panavial, afirmó a diario La Hora que existen dos exámenes generales de ingeniería efectuados por la Contraloría al contrato, “en los cuales no se establece ninguna responsabilidad hacia Panavial”.