El pescador Edison Mero informó que los 68 motores fueron incautados este año en varios operativos realizados en el muelle de Jaramijó, Crucita y Los Arenales. 

El último decomiso fue organizado hace 15 días en Jaramijó, cuando se llevaron 26 motores porque supuestamente presentaban imperfecciones en la numeración del troquelado. El troquelado es un procedimiento por el que una máquina deja una marca imborrable y permanente en cualquier superficie y tipo de producto. En este caso, se coloca una serie numérica o código en cinco partes de los motores fuera de borda, que permite a las autoridades verificar su legalidad. 

Mero dijo que presentó los documentos de la adquisición de sus dos motores, pero no se los devolvieron. 

“Compré los equipos en 7 mil dólares y aunque presenté la carta de venta notarizada, un informe de tres inspecciones realizadas por la Capitanía y un expediente del Registro de la Propiedad, me informan que los documentos no tienen validez”, denunció. 

El perjudicado informó que lleva 30 años pescando, pero nunca había comprado una lancha por falta de presupuesto y hace ocho meses decidió adquirir una  por las facilidades que le dio el Gobierno en acceder a un crédito de 35 mil dólares.

Endeudados. Gloria Mero es propietaria de la lancha “Mía Andrea” y manifestó que sus dos motores estaban operativos, pero desconoce por qué se los quitaron. 

Contó que para matricularlo pasó por varias inspecciones. La Capitanía del Puerto hizo el troquelado a los motores y ahora no comprende por qué le dicen que presentan irregularidades. 

Ella hipotecó un terreno para acceder a un crédito  de 38 mil dólares para comprar una lancha, el trasmallo, los motores y varios implementos de pesca.

Rolando Pin es otro pescador que está endeudado porque también hizo un crédito de 30 mil dólares para una lancha y el motor de fue decomisado porque aparentemente es  robado.

“Si para solicitar un permiso de zarpe nos hacen varias inspecciones donde verifican el estado del motor, no comprendo por qué lo decomisaron si tengo la guía de venta del almacén Juan Eljuri, donde lo adquirí”, expresó.

Juan Eljuri es la principal empresa que distribuye  motores fuera de borda en todo el país.

Paola Cevallos vive en Crucita y su motor también fue incautado. Ella denunció que los trámites para recuperarlo se ha vuelto un martirio porque no aceleran el peritaje en la Policía, pese que su motor cuenta  los números del troquelado.

El abogado Carlos Lino, quien representa a los pescadores, informó que cada embarcación requiere de un motor para que tres o cuatro tripulantes salgan a faenas y en total existen 240 pescadores afectados.

“El problema se vuelve crítico porque existen 750 personas, entre niños, madres y esposas, que dependen del trabajo de aquellos pescadores”, reveló Lino.

El abogado informó que la incautación ha vulnerado el derecho al trabajo y por eso pide la devolución de los equipos porque los tripulantes requieren pagar sus deudas con el Banco del Estado.

Los motores permanecen en los patios de la Policía donde fueron sometidos a una pericia y se estableció que 15 equipos eran robados. Dos de aquellos ya fueron entregados a sus verdaderos dueños, quienes vivían en las provincias de El Oro y Machala, informó la Capitanía.