De acuerdo a lo informado por otras páginas web, este tipo de actividades se origina en el borde de la frontera con Perú,  donde comunidades indígenas vienen denunciando una embestida descontrolada de tala y caza ilegal por parte de traficantes, que aseguran son peruanos y que actúan por el río Curaray, provincia de Pastaza. 

Según informes del Ministerio del Ambiente y de una ONG ambientalista, eso muestra la vulnerabilidad que persiste en la zona. 

Detalle. Uno de los informes presentados trata sobre “Tala Ilegal de Madera Zona Intangible Tagaeri Taromenane Yasuní Ecuador” y fue realizado por las ONG ambientalistas Land is Life y Acción Ecológica y la Fundación Alejandro Labaka.

Este informe se basa en un recorrido que hicieron estas organizaciones  en conjunto con habitantes de ciertos pueblos indígenas.

El trayecto recorrido fue por el río Curaray donde, según lo indicado, pudieron “verificar supuestos campamentos madereros ilegales utilizados por ciudadanos peruanos”.

El otro informe hecho por el Ministerio de Ambiente establece el cierre del Programa de Reparación Ambiental y Social ejecutado, que indica que en varios sobrevuelos realizados a finales del 2016, al oeste, sur y este del PNY, y en sectores como la Franja de Diversidad y Vida, quebrada El Lobo, y de los ríos Cononaco, Curaray y Nashiño se encontraron huellas de “posible actividad ilícita”.  

Una vez presentados los informes, el pasado 15 de junio se firmó un convenio entre los ministerios de Justicia, Defensa y Ambiente para establecer “actividades específicas para el control, monitoreo y protección de los recursos naturales en los territorios de los PIAV”.

David Suárez, coordinador de Pueblos Indígenas de la Fundación Alejandro Labaka, coincidió con los posibles resultados que podrían dejar estas actividades ilícitas.  “Hemos encontrado cerca de 18 puntos, tanto de cacería como de tala ilegal. Hemos encontrado verdaderos complejos de secado de la carne (de monte), para ser embarcada y transportada para Perú, así como restos de árboles de cedro talados y muchos otros marcados incluso para una próxima tala”, dijo. 

José Proaño, director para América Latina de la ONG Land is Life, mencionó que en los últimos 30 años, los conflictos que se han originado por este tipo de actividades han cobrado la vida de unas 50 personas.